El informe del Consejo de Europa sobre el catalán (o más exactamente, sobre los incumplimientos y malas prácticas del estado español en relación a la lengua catalana) es importante por diversos motivos, como explica la editorial del ARA. Denuncia de forma enérgica la sentencia del TSJC que obliga a impartir un 25% de las clases en castellano, un despropósito jurídico, lingüístico y pedagógico que ya se ve que debe haber sido concebido por alguien que lo ignora todo sobre enseñanza. Y es que nada dentro de un aula se puede despedazar en porcentajes matemáticos: ni el idioma, ni los conocimientos, ni la atención, ni la relación entre los docentes y los alumnos. Sostener lo contrario es entrar en el terreno de la irracionalidad, lo mismo desde el que se utiliza la justicia para ir contra una lengua.
Sin embargo, el informe del Comité de Expertos de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias (una Carta que España suscribió en 1992) no se detiene en la sentencia del 25% y, al mismo tiempo que reconoce en España el hecho de tener “un buen sistema de protección e impulso de las lenguas minoritarias”, le reprocha que incumple o socava ese mismo sistema de diversas formas. El documento es exhaustivo en los incumplimientos de España en relación con la diversidad lingüística y cultural de su estado, y no sólo en Cataluña, sino también en la Comunidad Valenciana y en Baleares. Los expertos del Consejo de Europa (recordemos que sus informes no conllevan sanciones para los estados miembros de la UE que incumplan sus recomendaciones, pero sí son vinculantes y tienen peso legal, por ejemplo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos) se muestran especialmente preocupados por las carencias detectadas en el uso del catalán en ámbitos como la justicia, la sanidad y la administración pública. También ponen el dedo en la llaga al recordar que la presencia del catalán en ocio, comunicación y cultura (en las redes, en los cines, en la televisión) es desproporcionadamente pequeña, sobre todo en los contenidos dirigidos a los jóvenes. E insta a España a poner en funcionamiento todos los dispositivos que tiene disponibles (y tiene muchos, y una responsabilidad directa) para corregir la situación.
Aparte de poner en evidencia y estirar las orejas a los sucesivos gobiernos españoles del 92, el informe es valioso porque aporta argumentos externos, que siempre son valiosos contra algunas de las mentiras más habituales que se sienten y se leen contra el catalán. El primero: la enseñanza del catalán y en catalán no es una imposición nacionalista, sino un derecho de los ciudadanos y un deber democrático. Otro: pretender separar el “valenciano” del catalán es una falsedad sin más base que el mencionado odio contra la lengua (y el informe advierte también que nombrar una misma lengua de dos maneras diferentes, aunque en esto ya hacemos tarde). Otro: el catalán, y no el castellano ni ninguna otra, es la lengua propia de Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares, y como tal lengua propia debe ser plenamente reconocida, respetada y promovida.
