Inmigración y estado del bienestar

Empieza a ser una falsa verdad comúnmente aceptada de que la inmigración hace insostenible el estado del bienestar. Sin embargo, los datos dicen lo contrario: las comunidades autónomas con mayor inmigración tienen mayor recaudación per cápita –fiscal y de la seguridad social– que las de menor inmigración o nula. Obviamente, no porque los trabajadores sean o no inmigrantes, sino porque las comunidades con alta inmigración tienen una mayor tasa de empleo, que no habrían alcanzado sólo con la población autóctona.

Por tanto, el estado del bienestar de las comunidades autónomas con más inmigración es más sostenible. De hecho, en muchas comunidades autónomas con baja inmigración, el estado del bienestar es directamente insostenible sin los fondos que estas comunidades autónomas reciben de las primeras.

Contra estos datos –fácilmente contrastables consultando las estadísticas del INE, la AEAT y la Seguridad Social– se arguye a menudo el efecto piramidal: la idea que los inmigrantes quizás aportan hoy, pero mañana se llevarán más de lo aportado. Sin embargo, dado que la natalidad sigue siendo superior entre la población inmigrante, su aportación futura ("piramidal") también será superior a la de la población autóctona. Es decir, sus hijos pagarán sus pensiones y parte de las de otros padres, sobre todo si la sociedad receptora es lo suficientemente hábil como para conseguir que estos hijos tengan trabajos y salarios como los de la población media.

Así se evitaría la segunda falsa verdad: que el empleo de bajo valor añadido —que emplea a trabajadores inmigrantes con baja formación— hace crecer el PIB pero no la productividad ni el PIB per cápita, que al fin y al cabo es lo que importa. Una afirmación que también es necesario matizar mucho.

Por un lado, en Cataluña la población de más de 65 años, que mayoritariamente deja de contribuir al PIB, ha aumentado un 20% en los últimos 20 años. Y, para absorber este envejecimiento de la población y simplemente "mantener" el PIB per cápita, es necesario un aumento del producto por trabajador del 10%. Pero, además, el PIB per cápita sí ha aumentado en este período: cerca de un 9% en términos reales (descontado la inflación) según el Idescat.

En realidad, lo que hace difícil el mantenimiento del estado del bienestar es el envejecimiento de la población. Pero, por suerte, todavía no hay quien defienda una eutanasia masiva a partir de cierta edad.

Por otra parte, si pudiéramos separar el PIB per cápita de la población inmigrante –que hoy en día es inferior a la media, dado que suelen ocupar puestos de trabajo de menor valor añadido y salario–, veríamos que el de la población autóctona todavía ha aumentado más. Esto es evidente, pero para poder contrastarlo y seguir su evolución fuera bueno disponer de esta información estadística, como ya la tienen otros países.

La inmigración, que de entrada suele ser una desgracia para el propio inmigrante, es con certeza un fenómeno socialmente complejo que pide una gestión mejor que el actual. Pero en términos económicos suele ser un buen negocio para el país receptor, aunque existan capas sociales para las que suponga una competencia difícil de digerir. En general, precisamente es más difícil digerir para aquellas capas de población conformadas por oleadas migratorias anteriores y que no han alcanzado un nivel de formación y capacitación superior al de los nuevos entrantes.

También es cierto que, dentro del sistema de financiación común de las autonomías españolas, el "negocio" de la inmigración lo es más para las comunidades con superávit fiscal que para las que sufrimos déficit fiscal. Porque, a mayor inmigración, que como hemos visto supone más empleo, hay también más recaudación fiscal; y a mayor recaudación, mayor transferencia a quien recauda menos. De modo que la inmigración no financia sólo el estado del bienestar de la región que lo acoge, sino también el de las regiones con bajo empleo y recaudación fiscal. Pero esto es otro tema, que daría lugar a otro artículo.