Inmigración: un debate nacional profundo

Cualquier nación minorizada debe aspirar a las máximas competencias para poder garantizar el desarrollo de su proyecto nacional. En este sentido, la gobernabilidad de la inmigración es una cuestión central a la hora de pensar en un proyecto nacional como el catalán. En cualquier nación la elección de una gobernabilidad de la inmigración es un campo de batalla para ejercer la soberanía del gobierno. Desde esta perspectiva, la acción de Junts per Catalunya de pactar con el gobierno español el traspaso de las competencias de la gestión integral de la inmigración, dejando de lado la crítica de no contar con el Govern (ERC) ni con los demás partidos (PSC-Units, En Comú Podem y la CUP) y más allá de la ambigüedad del acuerdo y la posibilidad de poder ser efectuado, fue un paso importante para poder hacer una política migratoria.

Esta gobernabilidad de la inmigración necesita principios rectores que deben orientar la política migratoria y deben evitar que caiga en dinámicas discriminatorias que son la amenaza de ciertos nacionalismos excluyentes. Cataluña como proyecto nacional no puede caer en ese error. De entre estos principios rectores resaltaría dos fundamentales: la justicia y la igualdad. La aplicación de estos principios debe ser específica y concreta en todas las expresiones políticas: discursos, acciones y procedimientos. Teniendo en cuenta estos dos principios, en el contexto catalán, esto debe traducirse en políticas socioeconómicas y antirracistas, entre otros.

Si debemos valorar bajo estos criterios el discurso de Junts per Catalunya, tenemos dudas sobre algunos aspectos que ha manifestado públicamente el secretario general de la formación. La primera cuestión tiene que ver con la narrativa, el carácter y la música de fondo. El discurso de que Cataluña es una tierra de acogida es un discurso de mitificación y proyecta una autorrepresentación de una Cataluña imaginada. La realidad de Cataluña es ambivalente. Es innegable que Cataluña es una tierra de oportunidades y progreso. Pero a su vez, es tierra de desigualdades estructurales y de racismo. El discurso político debe reconocer esta ambivalencia y romper con la representación nacional fundamentada sobre mitos discursivos y narrativas imaginarias. Esta cuestión necesita un debate nacional profundo porque de ello depende la autoconcepción colectiva y también la política migratoria.

La segunda cuestión tiene que ver con el discurso de la integración y el discurso de los derechos y deberes. Hoy en Cataluña la mayoría de las personas migrantes y parte de sus descendientes tienen menos derechos y deberes. Ésta es una realidad objetiva y demostrable. Por tanto, el discurso político debería reconocer este agravio estructural de la sociedad catalana.

La tercera cuestión es la lengua. Es evidente que el catalán debe ser la lengua vehicular de Cataluña, pero lo que no puede ser es que cada vez que haya debate sobre la inmigración se coloque la cuestión de la lengua como si el problema del catalán fuera la inmigración. En este sentido, es necesaria una política nacional atrevida para hacer del catalán el idioma popular del país y hacer de la inmigración una oportunidad y no una amenaza.

Y finalmente, si Junts per Catalunya cuando habla de la inmigración a continuación acaba hablando de la delincuencia, intencionadamente o no está avalando el binomio delincuencia-inmigración. Y esto, aparte de que no corresponde con la realidad, es un grave error político. No sólo eso, sino que además la propuesta de expulsión de los multirreincidentes es racista, simplemente porque refuerza la desigualdad ante la ley entre una persona inmigrada y una nacional multirreincidentes. Aunque las personas sean multirreincidentes, la diferencia ante la ley es una forma de racismo. Es evidente que la reincidencia es un problema, pero la forma de abordarla no puede depender de la nacionalidad del individuo reincidente. La solución debe pasar por atacar las causas que generan delincuencia (socioeconómicas) y por desarrollar un sistema penal ágil que tenga capacidad coercitiva ya la vez de reinserción social.

Cataluña está en condiciones de crear una política nacional de inmigración desde la radicalidad democrática, la justicia social y la igualdad. Esta vía es la única que nos ayudará a aislar y hacer menos atractivas las propuestas de la extrema derecha catalana y española. Cualquier otra opción sólo contribuirá a alimentar a su imaginario ya profundizar en unas políticas de desigualdad. Y, por otra parte, que serán unas políticas en las que la extrema derecha siempre se atreverá a ser más atrevida. Más que a legitimar y recorrer parte de su camino, lo que hace falta es mostrar y recorrer otras vías, que son más justas, más igualitarias y más eficaces.