La inversión después se tiene que ejecutar
BarcelonaLa ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha revelado la cifra mágica que cada año acompaña el proyecto de presupuestos generales del Estado: la inversión territorializada que le toca a Catalunya. Para el 2021 esta inversión representará el 17,2% del total español, lo cual significa un incremento respecto al ejercicio anterior, en el que esta cifra era del 16,5%. En números absolutos se trata de una inversión récord de 2.230 millones de euros. Ahora bien, el 17,2% se sitúa por encima de lo que correspondería por población (15%) pero por debajo del peso del PIB (19%).
Recordamos que una inversión equivalente al peso del PIB catalán en el conjunto español es una reivindicación histórica de los partidos y los agentes económicos catalanes, y que como tal se incluyó en el Estatut del 2006 en una disposición adicional, la tercera, que después el TC tumbó porque consideró que una norma autonómica no podía condicionar la elaboración de los presupuestos del Estado. Otras comunidades también incorporaron cláusulas parecidas en sus Estatutos.
En realidad, esta disposición adicional tuvo poca vida, porque con la llegada del PP al gobierno en 2011 la inversión en Catalunya cayó a sus niveles habituales, es decir, entre el 10% y el 12% del total. Desde este punto de vista, no se puede ningunear el esfuerzo del gobierno español para acercar la cifra al peso del PIB, sobre todo porque si se aumenta el porcentaje en Catalunya es porque se le resta a otro, en este caso a Madrid, que cae 1,4 puntos.
Aun así, la experiencia demuestra que no basta con anunciar un determinado porcentaje de inversión si después no se llega a ejecutar. Los datos de ejecución presupuestaria han situado históricamente a Catalunya a la cola (el primer semestre del 2021 solo había recibido el 11% del total), mientras que en otros lugares como Madrid sí que se cumplían los compromisos. Por este motivo está justificado un cierto escepticismo sobre las cuentas de Montero. Este jueves la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ofrecerá más detalles sobre estas inversiones. Hay que esperar que tratándose de una ministra del PSC, y más de una zona tradicionalmente maltratada en cuanto a infraestructuras como el Baix Llobregat, será más sensible a las demandas catalanas.
En todo caso, también será responsabilidad de los grupos parlamentarios negociadores, singularmente de ERC, obtener garantías del cumplimiento de estas inversiones. Barcelona y su área metropolitana necesitan dar un salto en cuanto a movilidad sostenible, y esto pasa por reforzar la red de Cercanías, que está completamente saturada. También habrá que aprovechar la palanca de los presupuestos para asegurar una protección óptima para el catalán en la ley audiovisual, blindar al máximo la ley de vivienda catalana y, sobre todo, obtener la gestión de los fondos Next Generation. Finalmente, sería una lástima que el partido del conseller de Economía, Jaume Giró, no fuera protagonista de la negociación en Madrid. Porque cuantos más grupos hagan presión al PSOE, más posibilidades habrá de obtener ganancias concretas para Catalunya.
