La izquierda española y el nuevo TC
BarcelonaEl Congreso de los Diputados ha vivido este martes un espectáculo tristísimo que confirma la fuerte crisis de confianza y legitimidad que sufren instituciones clave para el funcionamiento de la democracia como el Tribunal Constitucional. En un espectáculo inédito, la comisión que tenía que dictaminar la idoneidad de los candidatos pactados entre el PP y el PSOE (y también Unidas Podemos) apareció semivacía porque muchos grupos decidieron abandonarla al inicio de la sesión o bien ni siquiera se presentaron como forma de protesta tanto por el sistema de elección como por el perfil de algunos candidatos.
Este boicot unió de forma sorprendente a los dos extremos del arco parlamentario. Por un lado, Vox y Ciudadanos se retiraron después de una intervención inicial para dejar clara su oposición a lo que consideran un reparto de cromos entre populares y socialistas. El PNV y ERC ni siquiera asistieron a la sesión, mientras que el diputado de Junts Josep Labrador tuvo unas palabras muy duras para los candidatos del PP. Y es que el historial de Enrique Arnaldo y Concepción Espejel (los candidatos del PSOE y UP fueron elogiados de forma unánime) profundiza la politización de un órgano que, según la ley, tiene que estar conformado por "juristas de reconocido prestigio" que actúen de forma "independent".
Incluso el portavoz socialista, Odón Elorza, cargó fuertemente contra los nombres propuestos por los populares, a pesar de que después tuvo que votar a favor de su nombramiento. "Su candidatura genera desconfianza", dijo Elorza a Arnaldo después de saberse que sus empresas habían sido contratadas por administraciones controladas por el PP y que incluso había llegado a estar imputado por un caso de corrupción. También la portavoz del gobierno español, Isabel Rodríguez, se desentendió de los perfiles elegidos por los populares. "Nosotros solo nos hacemos cargo de los nombres propuestos por nosotros, no por los demás", dijo en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros.
Se puede entender que el pragmatismo obligaba a la izquierda española a aceptar estos perfiles a cambio de desbloquear la elección de los miembros del Constitucional, del Tribunal de Cuentas y otras instituciones como el Defensor del Pueblo. Pero lo que no se puede hacer es esquivar la responsabilidad. Y los hechos, ahora mismo, marcan que tanto el PSOE como Unidas Podemos son corresponsables de la elección de estos dos magistrados y, por lo tanto, de la imagen politizada de un tribunal que tendría que actuar como árbitro neutral y ser jurídicamente impecable.
Estos partidos tienen que entender que una parte de la sociedad catalana ha desconectado del estado español precisamente por esta colonización de las instituciones que acaba degradando la democracia. El PP (y ahora Vox) ya hace tiempo que ha convertido el Tribunal Constitucional en una tercera cámara donde tumba todo aquello que sus votos no le permiten tumbar en los Parlamentos. Es lo que pasó con el Estatut, sin ir más lejos. Quizás llegará el día en el que haya una mayoría progresista más propicia, pero lo que haría falta es despolitizar la institución.
