Con mucho retraso sobre el horario previsto, esta semana se decidirá qué pasa con la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno del 2030, una iniciativa catalana que finalmente parece que embarrancará antes de tiempo. Todo apunta que al final la interferencia del presidente aragonés, Javier Lambán, habrá sido decisiva para frustrar el proyecto. Lambán ha presionado hasta la extenuación para tener un papel paritario en la candidatura, una posibilidad que ha topado tanto con la realidad de las instalaciones insuficientes de Aragón como con las exigencias del mismo Comité Olímpico Internacional (COI), que en todo momento ha dado prioridad a la marca Barcelona y, por lo tanto, al Pirineo catalán. La apuesta catalana siempre ha sido, desde el principio, contar con Aragón (y también con Sarajevo), pero no a cualquier precio. En su papel de mediador, el Comité Olímpico Español (COE), ante la intransigencia de Lambán, ha llegado a dar a entender que en última instancia se decantaría por presentar la candidatura catalana en solitario, una posibilidad, sin embargo, que se ha ido deshinchando debido al coste político que la Moncloa no está dispuesta a asumir: unos Juegos solo catalanes parece que no son asimilables para la opinión pública española. Habrá primado la política por encima del deporte; la política en el peor sentido de la palabra, claro.
Pero la cosa no es nueva. Solo hay que recordar qué pasó con los Juegos de Verano de Barcelona 92: el Estado acabó apoyándolos a cambio de hacer aquel mismo año 1992 la Expo Universal de Sevilla y de convertir Madrid en Capital Europea de la Cultura. No podía ser que solo triunfara Barcelona. Los socialistas entonces en el gobierno español repartieron juego. Y todos contentos. Aquella compensación salomónica permitió salir adelante los que al fin y al cabo serían saludados internacionalmente como los mejores Juegos Olímpicos de la historia, que situarían ya irreversiblemente Barcelona en el mapa mundial. Esta vez, de nuevo, habrá primado el equilibrio, pero en este caso parece que negativo: antes nada que una candidatura solo catalana. Es probable que se chute el balón hacia adelante, es decir, hacia el 2034, para ganar tiempo y disimular el descalabro. Pero el hecho es que si efectivamente el Estado empuja al COE a no presentar la candidatura catalana a los Juegos de Invierno del 2030 estaremos ante una decisión meramente política, no técnica, con Catalunya como gran perjudicada. Al margen de si se está a favor o no (por motivos ambientales y de otra índole) de la candidatura, el hecho es que estamos ante un agravio injustificable. La supuesta diplomacia deportiva que el socialismo español quería usar para contribuir a apaciguar el independentismo por la vía de los proyectos deportivos concretos y tangibles, como la Copa América, puede tener en los Juegos de Invierno su gran fiasco. Es de temer que la descarada retórica localista anticatalana del socialista Lambán acabe decantando la balanza y que pesen más los cálculos electoralistas a corto plazo (elecciones andaluzas de ahora y elecciones municipales y autonómicas de aquí un año) que no los intereses del conjunto del Estado, que perderá así, también, la posibilidad de ganar unos Juegos de Invierno.
