Juvillà y la desproporción de la justicia
BarcelonaCómo ya pasó en el caso de Quim Torra cuando fue desposeído primero del escaño en el Parlament y después del cargo de president de la Generalitat, en el caso del cupaire Pau Juvillà la desproporción entre una condena por desobediencia por mantener unos lazos amarillos en la ventana de su despacho del ayuntamiento de Lleida y la consecuencia práctica, que es perder la condición de diputado para el resto de la legislatura, está totalmente fuera de lugar. Y esto más allá de que la misma condena en sí es cuestionable porque hace colisionar un supuesto derecho a la neutralidad del espacio público en periodo electoral con un derecho fundamental como es el de la libertad de expresión. El caso es que una vez más asistimos a la injerencia del poder judicial en el legislativo y a una nueva batalla político-jurídica de resultado incierto.
En primer lugar, hay que apuntar que el Parlament hace bien en negarse a suspender a Juvillà hasta que haya sentencia firme, porque esto es lo que consta en el reglamento de la cámara. Ahora bien, el precedente del caso Torra, y más recientemente la actitud del Tribunal Supremo en el caso del que fue diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, que fue inhabilitado por una sentencia irrisoria que provocó un fuerte debate jurídico en la cámara baja, no permite tener muchas esperanzas en el recurso que ahora presentará Juvillà. Es muy probable que antes haya un pronunciamiento de la Junta Electoral Central, lo cual aun acentuaría la sensación de injusticia, puesto que este órgano no pertenece al poder judicial y sus miembros son nombrados a dedo por los partidos.
La presidenta del Parlament, Laura Borràs, se ha comprometido a no retirar el acta a Juvillà hasta que la sentencia sea firme, es decir, hasta que el Tribunal Supremo resuelva el recurso. Habrá que ver qué pasa si hay un requerimiento de la JEC que ponga en peligro la validez de las votaciones del Parlament. La defensa jurídica de la autonomía del Parlament se tiene que llevar a cabo en todas las instancias judiciales posibles, también las europeas, pero se tiene que evitar un bloqueo de la cámara que pueda perjudicar la aprobación de leyes o proyectos especialmente importantes, como por ejemplo los presupuestos, para el conjunto de los ciudadanos.
Este razonamiento es el que aplicó la CUP por ejemplo en el caso del exalcaldesa de Berga Montserrat Venturós, que se apartó del cargo para cumplir la condena y no poner así en peligro la gobernación de la villa. Del mismo modo, Quim Torra abandonó el Palau de la Generalitat de manera voluntaria, y acataba así la inhabilitación para no interferir en el funcionamiento ordinario de las instituciones de autogobierno.
Desde el inicio del Procés, la regla general para los políticos independentistas ha sido que las consecuencias de su enfrentamiento con el Estado las tenían que afrontar de manera personal e individual, y proteger a funcionarios y ciudadanos. Y así asumieron la prisión o el exilio como una forma más de su lucha política. Ahora tampoco tendría que ser diferente.
