Las responsabilidades políticas existen y en una democracia digna de ser así llamada deben ser depuradas. Hemos hablado con demasiada frecuencia, con emoción, de las historias de democracias avanzadas, con altos cargos que dimiten porque se les descubre que intentaron evitar una sanción de tráfico o no citaron la procedencia de un fragmento de su tesis doctoral. El contraste entre la pulcritud europea y el sálvese quien pueda celtibérico es, aún ahora, desolador.
Ahora bien, cuando se trata de responsabilidades políticas debe pagar quien le corresponde hacerlo, y todo el mundo al que le corresponde hacerlo. Es justo, por ejemplo, que a Ábalos se le pidan –se le exijan– estas responsabilidades por el comportamiento indecente de un asesor suyo de la máxima confianza. Ahora bien, sorprende que hablemos de la negrura de los días más duros de la pandemia y el confinamiento y nadie parezca recordar que, no hace ni un par de semanas, Ayuso reconoció públicamente que, por entonces mismos, tomó la decisión de no trasladar a 7.291 enfermos de las residencias geriátricas a los hospitales, con el argumento de que se trataba de ancianos gravemente enfermos y que "sin embargo, habrían muerto igualmente". Ayuso, por otra parte, se vio directamente implicada en un caso de compraventa fraudulenta de mascarillas, similar al de Koldo García, con la participación de su hermano. Salió adelante con el archivo –poco sorprendente– de la causa judicial, pero la presidenta de Madrid no asumió ni media responsabilidad política por un caso que, a cualquier democracia de esas que mencionábamos al principio, constituiría un escándalo devastador . Lejos de ello, se ha acabado victimizando y haciendo bandera, y saca el tema en sus actos públicos acompañándole de aspavientos y de la ya inevitable y bromea sobre la fruta.
Del mismo modo, el intento del PP por estirar el caso Koldo hasta otros dirigentes socialistas, como Isla o Armengol (o, por supuesto, Pedro Sánchez) no tiene base y sirve para crear otra polvareda tóxica (una más) dentro del debate público. Llama más la atención viniendo de un partido con un catálogo de corrupciones y prevaricaciones que van más allá del robo organizado del erario público para entrar directamente en la desnaturalización del estado de derecho, con hechos tan sonados como la operación Cataluña, el caso Pegasus (que también afecta al PSOE) o el bloqueo anticonstitucional del Consejo General del Poder Judicial. No parece un partido en condiciones de sostener cacerías contra el adversario por cuestiones de corrupción, pero como decía el filósofo, España y yo somos así, señora.
Por último, el tal Koldo es un ejemplar perfectamente representativo de un tipo de personaje que es transversal a todos los partidos: el oportunista al que se le ven de demasiado lejos todos los latones que arrastra, pero que consigue flotar y subirse dentro las organizaciones (y los gobiernos) a la sombra de algún dirigente que le confía a cambio de adulación, o favores, o cualquier cosa innoble. Siempre impresiona ver con qué facilidad se abren camino, pudriéndolo todo a su paso.
