"Quien roba poco va a galeras,
quien roba mucho hace carrera"
Pasa siempre rápido y de un día para otro, como una flor que nunca hace verano y un árbol que no deja ver el bosque, pero la Hacienda estatal ha vuelto a hacer pública esta semana la lista oficial de los grandes morosos fiscales del Reino de España. Mil ciento once personas y cuatro mil setecientas empresas que tienen en común que deben más de 600.000 euros a las arcas públicas –y no, no son migrantes precarios en busca de vida, trabajo y futuro–. Son pocos que deben mucho, por un total pendiente que asciende a 15.364.000.000 euros. No he oído ninguna declaración de Fomento del Trabajo respecto al absentismo fiscal reiterado, pero me quedo mirando magnéticamente la cifra, casi deslumbrado, absorto en los once dígitos. Intentando pensar cómo se traduciría este dineral, euro a euro, a la hora de reforzar tantos servicios públicos tensados –escuelas, hospitales o apoyo a las pymes–. Sin embargo, todo es espejismo y simulacro. Porque otra cifra, la de verdad, nos recuerda que la publicación del listado es en balde. El otro número me deja frito camino de frito: los inspectores de Hacienda informan que, del ejercicio 2025, solo se han podido recuperar 220 millones. Un 1,4% del total. Un infierno fiscal –para todos nosotros– que no llega ni a la décima parte. Decirlo esta semana, cuando la inmensa mayoría ha notado en la cuenta corriente cómo la tributación pública pasaba por caja –ya fuera a devolver o a pagar–, sirve para recordar que Hacienda hace mucho tiempo que no somos muy bien todos. En magnitudes inferiores, la incipiente Agencia Tributaria de Cataluña ha hecho público el mismo listado estos días: 60 deudores con un cómputo pendiente de 184 millones, encabezado por un desconocido que debe 65 millones. Y uno se queda rumiando la duda de cómo demonios se acumula una deuda de 65 millones sin que nada pase antes.Doy por descontado que las casuísticas del listado son múltiples –muchas vienen derivadas de quiebras y concursos de acreedores–, pero más allá de la curiosidad por los nombres y la especulación de algunas economías, en el retablo hay sospechosos demasiado habituales, empresas insignia de la burbuja inmobiliaria y unos cuantos personajes de plató. La cuestión neurálgica es que la morosidad solo es una de las caras de un fraude fiscal estructural –la elusión, la evasión, las empresas pantalla, la falsa doble residencia, las bonificaciones a las grandes empresas o las sicav– que suma anualmente 60.000 millones de euros. Los ojos como platos vuelven a girar, probando a aterrizar la morterada a una realidad social cada vez más desigual y desoladora. La sensación imperturbable de que todo ello es una cosa detrás de otra hace agujero. Agujero negro por donde se escapan tantas cosas.
A fin de cuentas, con impasible inercia, cada dos meses, en el recibo del gas, le pagamos a Florentino el rescate público de 1.350 millones de euros por el desbarajuste del caso Castor –aprobado por el gobierno Zapatero en 2008–. Y así será hasta 2044, por un precio real de 4.700 millones si añadimos intereses y costes de mantenimiento. Hecho y deshecho, son esta misma pandilla elitista quienes más amnistías han recibido. Cuatro amnistías fiscales y media, lo que permite suponer que los ultraricos, en este aspecto, no lloran precisamente: solo ríen por los bolsillos. Una cosa y la otra –el caso Castor y las amnistías– enlazan brutalmente en un extraño umbral jurídico: que en algún momento, transitoriamente, la justicia se pronunció claramente. En diciembre de 2017 el Constitucional declaró nula la indemnización por el caso Castor, anulando también la forma expresa, de tiempo récord y por decreto ley, en que fue abonada por el gobierno de Mariano Rajoy: en tan solo 30 días. Seis meses antes, el mismo tribunal, por unanimidad, había declarado inconstitucional la amnistía fiscal de Montoro, aduciendo que en vez de erradicar el fraude, lo amparaba. Pero siempre hay que mirar la letra pequeña, cuando hecha la ley, hecha la trampa. En 2020 el Supremo obligó al Estado a pagar finalmente los 1.350 millones a los tres bancos (Santander, Bankia y La Caixa) que habían adelantado la indemnización del PP a Florentino. De forma similar, la sentencia del Constitucional es surrealista y subrealista: decretó la inconstitucionalidad de la amnistía, pero no negó ninguno de sus efectos a los 31.000 defraudadores amnistiados –de Bárcenas a dos hijos de Jordi Pujol, de un montón de cargos del PP madrileño al socio de trapicheos de Urdangarin–. No devolvieron ni un solo céntimo. Podríamos decir, parafraseándolos, que la sentencia hacía lo mismo que criticaba: no erradicaba el fraude, porque finalmente lo amparaba. Razón acumulada más que suficiente para pensar, demasiado razonadamente, que la ley del embudo es sagrada, que en las altas esferas siempre hay fiesta grande sobre los hombros del erario público, que se nos mean encima y dicen que llueve, y que los números solo les salen a ellos. El rescate bancario público de 2012 que nunca se devolverá se calcula alrededor de los 50.000 millones. Desde 2013 la banca española ha ganado, sin embargo, 215.000 millones de euros netos. No me digan cómo, pero ya podían haberse rascado el bolsillo y devolvernos lo que nos deben.Sin democracia fiscal nunca habrá democracia, y ya sé que estamos en la era de la confusión, donde pasa una cosa y la contraria a la vez, donde hay que volver a denunciar simultáneamente la corrupción y la guerra sucia, y donde, sobre todo, hay que olvidarse de creer en nada ni en nadie. Por eso matizo y aclaro que a mí me gusta mucho pagar impuestos, tanto como tanto me desagrada, demasiado a menudo, cómo se acaban gastando o malgastando. De hecho, me apasiona pagarlos. Cada día más. Y cada vez que voy al CAP a ver a la médica me ratifico. Pasa también que, carentes de referentes en un mundo a la deriva, tengo que decir que la figura del inspector de Hacienda cada vez me cae mejor. Con una guinda final. Mientras releía la cifra astronómica de 15.364 millones me he acordado de repente de algunos criptobros hispánicos instalados en Dubái al grito de "que pague Rita" y "el Estado nos roba". Aquellos que estuvieron fanfarroneando durante años que ellos "no son tontos" y que se escabullen de no pagar impuestos porque son la mar de listos. Son los mismos que salieron a la carrera para pedir a gritos que el Estado donde no tributan los rescatara con fondos públicos cuando Trump arrancó la guerra demencial de Irán. Uno, como tantos, esperaba, a pesar de que ya sé muy bien y de antemano que no ha sido así, que el Estado como mínimo les hubiera cobrado la factura íntegra de una repatriación urgente bajo las bombas. Pero no. Ha resultado, otra vez y ya van tantas, que a estos elusores les hemos pagado de balde el retorno, que resulta que Rita somos los otros y que "los tontos" de la crónica aquí estamos y aquí seguimos. Y así todo –solo hasta que algún día sepamos decir basta.
