Lesmes y la separación de poderes

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Felipe VI  preside el acto de apertura del año judicial, junto al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y la ministra de Justicia , Pilar Llop

Barcelona"La acción de la justicia no es un obstáculo para la convivencia". Esta frase pronunciada ayer por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, iba dirigida especialmente a Pedro Sánchez y su decisión de indultar a los presos políticos catalanes, que fue justificada por el ministerio de Justicia en términos de mejorar la convivencia entre españoles. De entrada hay que decir que choca que un órgano tan celoso de su independencia, y que tolera muy mal las críticas que le llegan desde otros poderes del Estado, haga exactamente lo mismo con el poder ejecutivo. La separación de poderes se basa en el hecho de que cada poder actúa de forma independiente, según la clásica teoría de Montesquieu, porque así se consigue un equilibrio democrático y ninguno de ellos obtiene la preeminencia. Y si la legislación española (aquí y en la mayoría de países de nuestro entorno) prevé la potestad del indulto para los gobiernos, es porque se considera que a veces la acción de la justicia puede resultar contraproducente y también convertirse en un "obstáculo para la convivencia".

Esto es exactamente lo que pasa en el caso del proceso soberanista, en la que se quiere reducir al ámbito del Código Penal lo que es un fenómeno mucho más complejo y eminentemente político, con sentencias que no hacen más que enrocar las posturas. No, la justicia no es el ámbito para resolver la cuestión catalana, que equivocadamente se ha querido criminalizar y tratar como una cuestión de orden público por parte de la Guardia Civil y algunos jueces. De aquí que la decisión del indulto fuera especialmente acertada y necesaria para poder encarrilar el conflicto al lugar de donde no debería haber salido nunca, que es una mesa de negociación.

Las palabras de Lesmes, sin embargo, son el síntoma de un poder judicial que se cree con la obligación de criticar al gobierno Sánchez y en el que ha habido incluso maniobras para anular el nombramiento de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Un Consejo General del Poder Judicial, por cierto, que lleva más de mil días con el mandato caducado y con una composición que no respeta la actual correlación de fuerzas en el Congreso de los Diputados. En este sentido, hay que admitir que Lesmes también tuvo palabras duras para el PP, que mantiene el bloqueo porque así mantiene la mayoría en este y otros órganos. El presidente del CGPJ instó al principal partido de la oposición a cumplir la Constitución y pactar ya con el gobierno la renovación del órgano.

Aun así, hay motivos para dudar de la sinceridad de las palabras de Lesmes, que ha visto como su mandato se alargaba sin que, por ahora, haya ningún horizonte de acuerdo entre el PP y el PSOE. Si de verdad quisiera obligar los partidos a actuar, podría tomar una decisión radical pero efectiva, que sería la de dimitir, él y el resto de vocales caducados. Así sí que los dos partidos no tendrían más remedio que pactar su renovación y él no se vería obligado a hacer cada año el mismo discurso en la apertura del año judicial. Pero parece que tanto a él cómo al PP ya les va bien la situación actual de bloqueo.

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