Ley Castells: el peligro de una universidad más rígida

La nueva ley de universidades que prepara el ministro Manuel Castells está generando mucha incomodidad y contestación en el sistema universitario catalán, desde donde no se entiende el sesgo reglamentista que tiñe el texto, especialmente poco previsible viniendo de un académico como Castells, con experiencia en Estados Unidos y vinculado también a un centro como la Universitat Oberta de Catalunya. El perfil de gobernanza de las universidades catalanas, que a pesar de sus problemas de financiación normalmente encabezan los rankings de calidad en España, se ha ido distanciando del del resto del Estado a base de ganar autonomía. Pero paradójicamente el borrador de ley, en lugar de premiar este modelo, o como mínimo de respetarlo con un marco legal flexible, opta por un sistema rígido, funcionarial y recentralizador.

Las alarmas han saltado con el primer choque concreto, una vez se ha consumado la eliminación de los grados de tres años, que son la norma en Europa en lugar de los de cuatro años predominantes en España. Se da la circunstancia que la mayoría de estos grados de 180 créditos y no de 240, que representan una parte ínfima de los que hay en el conjunto del Estado, se cursan en universidades catalanas, que ahora de golpe los tendrán que suprimir. No solo se trata de un exceso de celo uniformizador, sino que además nos aleja de Europa. Parece que la razón principal sería privilegiar la convergencia con América Latina, donde también predominan los cuatro años, lo que incluso se puede entender. ¿Pero por qué, si un centro lo desea, no puede hacer grados de tres años? Es verdad que estas ganas de igualar no tienen muy sentido en un entorno universitario global tan competitivo. Querer fijar un sistema absolutamente homogéneo es propio de otra época: da la impresión que el texto sufre de inercias y presiones gremiales, y que no ha querido reflejarse en las mejores experiencias internacionales, además de caer en el sempiterno tic centralista que obvia una vez más las competencias autonómicas. No parece que se haya escuchado ni a los gobiernos autonómicos ni a los rectores. Se ha querido entrar tanto en detalle, regularlo todo tanto –por ejemplo en el caso del estatus y la contratación del profesorado–, que el resultado corre el peligro no solo de provocar un retroceso en la autonomía de los centros, sino de crear una ley poco realista y por lo tanto a la práctica de difícil aplicación. Los interrogantes son muchos y la contestación demasiada general. En síntesis, lo que reclaman las universidades catalanas es un marco general que les dé libertad para gobernarse, para innovar, para captar recursos y para buscar la excelencia, no una ley que las encorsete. El ministro Castells haría bien de escucharlas antes de sacar adelante el texto tal y como ha trascendido hasta ahora.