Una ley contra el monolingüismo de estado
Los grupos Republicano, EH Bildu, EAJ-PNV, BNG, Comunes, Compromís y Más por Mallorca han presentado una proposición de ley para garantizar el plurilingüismo real en el Estado por la vía de corregir el sesgo monolingüe de las instituciones estatales y asegurar el derecho efectivo de la ciudadanía a relacionarse en cualquier lengua oficial. Se trata de un compromiso adquirido por el PSOE en el momento de constituirse el Congreso de los Diputados, en agosto de 2023, como el de promover la institucionalización del catalán en la UE, pero cocinado más lentamente y con la ventaja de que sólo depende de las mayorías en el Parlamento español.
Ciertamente, la Constitución española afirma un principio plurilingüístico, puesto que el 40% de la población (más de 19 millones de personas) vive en territorios con lenguas oficiales distintas del castellano. Al mismo tiempo, sin embargo, consagra la supremacía del castellano, que es oficial en todo el Estado y cuyo conocimiento se impone por todas partes, cosa que sólo hace la Constitución de Bulgaria. Por si esto no fuera suficiente, se remite a los Estatutos de Autonomía para que declaren la oficialidad del resto de lenguas, que ni siquiera menciona, e incorpora el mandato de proteger la diversidad lingüística, que no ha sido objeto de especial atención aunque España ha suscrito, afortunadamente, la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Esta ínfima protección se demuestra, por ejemplo, en que no existe una normativa estatal que garantice que todas las personas puedan relacionarse con plena validez y eficacia jurídica con los órganos del estado central y las instituciones comunes en la lengua que elijan, salvo el Congreso de los Diputados y la edición plurilingüe del BOE, del DNI o del carnet de cono. Esto, por supuesto, denota la debilidad de la recepción constitucional del plurilingüismo en España, especialmente si se compara con Bélgica, Canadá o Suiza, donde todas las lenguas incluso tienen reconocido un estatus a escala estatal.
Consciente de esta situación, y después de siglos de prohibiciones y postergación, el Estatut de 1979, además de declarar la oficialidad del catalán, afirmó que este idioma es la "lengua propia de Catalunya". Hasta hace poco, este hecho comportaba algunos beneficios, como que el catalán era indiscutiblemente el centro de gravedad de la enseñanza y la lengua de uso normal de las administraciones y los medios de comunicación públicos de Cataluña. Con un estado desaparecido en combate, la salvaguarda del plurilingüismo se materializó con medidas de desarrollo del Estatuto como la ley de normalización de 1983 y la ley de política lingüística de 1998, cuyo contenido esencial se trasladó al Estatuto de 2006. Inmerso en su informe, para justificar el cumplimiento de las recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa derivadas de la Carta europea.
Pero hace tiempo que esto no es suficiente. La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut en 2010 supuso un giro involutivo hacia una progresiva desoficialización y significó la pérdida de los beneficios de la noción de "lengua propia". El TC tachó esta noción de "prevalencia de una lengua sobre otra" e impuso un canon de igualdad radical entre el catalán y el castellano al considerar que la lengua discriminada era el castellano. Aunque los datos sociolingüísticos lo hacen prescindible, este "equilibrio inexcusable" entre ambas lenguas se ha traducido, desde entonces, en una carta blanca para que algunos jueces ordinarios hayan querido imponer el 25% de castellano a la enseñanza o hayan negado el requisito de conocer el catalán para determinados trabajos públicos con el pretexto de privilegiar el privilegio. Con esta expresión validó el alto tribunal la ley balear que tumbaba la exigencia del catalán a funcionarios como médicos.
Dejando a un lado una eventual e improbable reforma constitucional, y un deseable y urgente overruling o cambio doctrinal del TC, no hay otro remedio que hacer leyes como las que el Parlament aprobó en el 2022 para blindar la vehicularidad del catalán en la enseñanza o como esta ley ómnibus que presentaron las fuerzas políticas que representan a todas las minorías territoriales en el Congreso.
La nueva propuesta plantea reformar hasta 15 normas estatales, aspirando a eliminar los desajustes provocados por la asimetría del modelo lingüístico español y por la escasa presencia y promoción de la diversidad lingüística a escala estatal. Así, por ejemplo, plantean introducir en el ámbito judicial el requisito de conocimiento de la lengua propia para acceder a ocupar una plaza o la plena validez de los documentos judiciales sin traducción. Proponen adaptar de forma integral los procedimientos administrativos y plataformas digitales a todas las lenguas oficiales. Se incorporan criterios lingüísticos transversales en la contratación pública y en ámbitos sectoriales clave como el consumo, la seguridad pública, el transporte o la comunicación audiovisual, sin olvidar el ámbito educativo, en el que se establece que la lengua propia de cada territorio será normalmente vehicular, con el objetivo de garantizar que el alumnado domine todas las lenguas oficiales al finalizar la educación básica. Medidas dirigidas a reforzar la igualdad de oportunidades y una competencia lingüística equilibrada en todo el Estado.
