A menudo cuando se trata de los retos económicos del nuevo gobierno catalán hablamos de la financiación, y ésta no es la única carpeta y ni siquiera la más importante. Sin duda es la que hará más ruido político y mediático y discutiremos hasta el infinito si lo que se acuerda es “singular”, si el “cupo” empobrece a las demás comunidades autónomas o si el acuerdo final es más o menos consensuado por el conjunto del Estado. El tema dará para mucho, puesto que el poco definido acuerdo con ERC hace que éstos puedan hablar de “concierto económico” y, otros, de una mejora de la financiación dentro del sistema común. Pero más allá de una cuestión que está muy cargada de simbolismo, existe la necesidad de que el país disponga de una política económica pública, de que los agentes empresariales y sociales sepan a qué queremos jugar colectivamente, cuáles son los objetivos y de qué instrumentos se dotará al país. Hemos vivido mucho tiempo, demasiado, sin una estrategia y un horizonte económico de futuro. Más que el predominio del laissez faire, ha habido dejadez en aras de llegar a utopías fantasiosas con las que ya se arreglaría todo. Y no vayamos tan bien. Vivimos del turismo y de actividades intensivas en mano de obra. Los efectos, bajos salarios y cada vez mayor desigualdad y descomposición social. Guste o no, la sociedad se construye desde la economía, aunque no sólo con ella. Los amantes de analizar la situación desde el PIB están razonablemente satisfechos. Crecemos un 3% interanual, 1 décima por encima de la media española, y también por encima de la europea. Si huimos de simplismos, debemos saber que crecimiento no tiene que ver directamente con desarrollo, y menos aún con bienestar. El PIB es una falsa pista.
Un primer dato que debería alertarnos es que disminuyen las exportaciones, lo que pone en duda nuestra productividad, así como la competitividad. El crecimiento es el aumento del turismo, de la logística y del comercio. Los salarios medios son bajos y la desigualdad ha adquirido una dimensión que provoca situaciones de exclusión, a la vez que la imposibilidad, incluso de las clases medias, de acceder a la vivienda. Hay servicios avanzados, de carácter tecnológico, pero el mayor empleo en este campo no es para hipsters y expatriados tecnos, sino para empleados de Glovo y similares. Falta un verdadero impulso en los sectores productivos, especialmente industriales, que aporten valor añadido y riqueza. Si el salario promedio en el sector turístico son 17.000 euros, en la industria son más de 40.000. No puede ser que la única apuesta, a base de dejar hacer, sea un sector que en realidad da una falsa sensación de riqueza, pero que resulta empobrecedor. La reindustrialización es una política imprescindible, y debe hacerse de forma inteligente, cambiando la noción de unos polígonos industriales que están llenos de comercio y logística, para crear ecosistemas industriales avanzados de forma planificada. Es necesario realizar apuestas claras por sectores de actividad en los que somos competitivos: farmacéutico, sector sanitario, metal-mecánico... Y también transformar el potente sector agroalimentario hacia una mayor sostenibilidad, la incorporación de tecnología y el aumento de su valor. También mejorar las condiciones de trabajo. Tenemos una gran ciudad sobre la que se puede pivotar un potente sector de la innovación y del conocimiento. Es necesario reforzarlo como objetivo y pensar que la automoción tiene un futuro menos esplendoroso del que tuvo en Cataluña.
Habrá, pues, que el nuevo Govern fije objetivos y estrategias claras, y esto no es sólo función de la conselleria de Economía. Tiene que ver con una Educación que, hoy en día, y como expresan los resultados, carece del enfoque y exigencia adecuados. A la formación profesional se le ha sacado de la estigmatización, pero ahora resulta que no hay oferta suficiente de plazas. Tiene que ver con las universidades, cuyos fundamentos casan poco con las necesidades de la economía y la sociedad, y el nivel de exigencia de los grados no es lo que debería ser. Está vinculado a empresa, en la medida en que es necesario consensuar pero dar directrices claras en relación con cuáles son las prioridades de país. Tanto el empresariado como el resto de agentes sociales lo que quieren son políticas explícitas y comprensibles para la consecución de objetivos compartidos. La economía y la sociedad catalana requieren liderazgos y proyectos de futuro que desde hace tiempo no han tenido. Las necesarias medidas relativas a la fiscalidad, la tramitación de los fondos europeos o las contribuciones sociales son más asumibles en la medida en que respondan a un proyecto de país. Es aquí donde se puede poner en valor el esfuerzo por reforzar los pilares del estado del bienestar que pueden asegurar un futuro democrático e inclusivo que, con tanta confusión y descontento, ahora está en serio cuestionado.
