Estos días se cumplen cinco años de los atentados de Barcelona y Cambrils, y las víctimas siguen quejosas no solo por el trauma vivido aquel día, sino también porque no han encontrado durante este tiempo un acompañamiento público adecuado. Hemos fallado como sociedad a la hora de dar servicio con rapidez y empatía a las personas que sufrieron, de manera directa o indirecta, aquellos atentados, unas víctimas que tampoco se han sentido resarcidas en la sentencia, que ha rechazado condenar a los dos supervivientes de la célula de Ripoll por los asesinatos y les ha rebajado la pena.
El grueso de los afectados, sin embargo, rechazan hacer una nueva apelación, esta vez ante el Tribunal Supremo. Las razones son de tres tipos. En primer lugar, creen que la segunda sentencia de la Audiencia Nacional –la que rebajó las penas– confirmaba el relato de los hechos que ya estableció el primer juicio, y sus abogados piensan que esto hace difícil conseguir un cambio radical con la apelación. Si es así, pues, tememos que les acaben condenando a pagar las costas, además de alargar todavía más el proceso de revictimización que han sufrido durante todo este proceso judicial.
El caso, aun así, llegará al Supremo porque sí que hay una parte de las víctimas, como los padres del niño de Rubí asesinado en la Rambla, que han decidido recurrir y lo harán este septiembre, así como el sindicato de los Mossos d'Esquadra USPAC, por lo cual hay la opción de que todavía pueda haber un cambio en el veredicto, puesto que querrían que se pudiera repetir el juicio.
Sin embargo, no es fácil. Y, además, si se acepta el recurso, esto alargará todavía más la opción de poder acceder a las indemnizaciones y empezar a pasar página. Los representantes de la mayoría de las víctimas prefieren dejarlo aquí para centrarse en la asistencia a los afectados, que son más de las 345 víctimas reconocidas en la sentencia, a pesar de que a una parte de ellas todavía no se las ha podido localizar.
Estos días muchas de ellas no tendrán más remedio que revivir los hechos que pasaron ahora hace cinco años, porque todos los medios estamos hablando y rememorándolo. Es un ejercicio de memoria necesario, pero que para muchos de los afectados es especialmente doloroso. No solo por el hecho en sí, sino también porque a lo largo de estos años no ha sido fácil que se los reconozca como víctimas y que tengan el acompañamiento social y administrativo necesario.
Las asociaciones han trabajado, y no todas las administraciones han sido tan ariscas –cuanto más local y próxima, más apoyo han tenido las víctimas–, pero en conjunto ha habido quejas sobre las dificultades que muchos afectados han tenido para ser reconocidos. De hecho, solo un tercio de las víctimas reconocidas en la sentencia de la Audiencia Nacional serán indemnizadas por el ministerio del Interior. Las hay que no saben que están reconocidas y no han reclamado la indemnización, y de las 216 solicitudes efectuadas, el ministerio ha desestimado 84. No lo tienen fácil para superar el duelo.
