En política, en los negocios o en la vida de cada día, la mentira se utiliza por razones de conveniencia, interés o pereza. Por conveniencia, porque contar la verdad puede ser incómodo. Por interés, porque dejar que circule la mentira favorece los intereses de quien lo hace. Por pereza, porque combatir una creencia que se ha difundido entre la ciudadanía requiere un esfuerzo.
Practicaré ahora la verdad por la incomodidad ética que supone seguir la tendencia general y mayoritaria... y callar.
Para que se entienda, tomaré cuatro ejemplos concretos y conocidos: la guerra sucia contra ETA y los GAL; el atentado terrorista de Atocha de hace 20 años; la acusación de que la compra de mascarillas hecha por el Govern Balear en época de pandemia fue corrupta, y la acusación de terrorismo contra el presidente Puigdemont.
Los GAL, creados por el ministerio del Interior para atentar contra miembros de ETA y dirigentes de la izquierda aberzale, estuvieron activos de 1983 a 1987. Se cometieron 27 asesinatos. Actuaron mayoritariamente en el País Vasco francés. En 1998 el ministro Barrionuevo fue condenado a diez años de cárcel por secuestro y derroche de fondos públicos. Cumplió tres meses y fue indultado por el gobierno de Aznar. Lo mismo sucedió con el secretario de estado Rafael Vera y el director general de Seguridad Julián Sancristóbal.
La mentira: llevar a cabo estas acciones criminales y ocultarlo.
El atentado terrorista de Atocha. Dice la FAES: “Aquel gobierno no ignoró ningún informe policial que contradijera su política de comunicación en aquellas jornadas. El CNI desmintió en su día las informaciones que le atribuían ya para el jueves 11 o el viernes 12 un conocimiento sólido de la pista islámica. Jamás llegó al Gobierno documento oficial que descartase definitivamente la autoría etarra y afirmara sin titubeos la responsabilidad yihadista”.
Se censuró la entrevista realizada por TVE al presidente Bush pocos días después del atentado que señalaba una posible autoría distinta del terrorismo de ETA. Hubo indicios de que la autoría podía no ser de ETA. Arnaldo Otegi la negaba. El presidente Aznar llamó personalmente a cinco directores de periódicos para trasladarles la absoluta certeza de que el autor era ETA. Esto hizo cambiar al titular deEl Paísde “Matanza terrorista en Madrid” a “Matanza de ETA en Madrid”.
La mentira: mantener una teoría que en aquellos días era dudosa y después se ha manifestado como falsa. Afirmar con certeza la autoría de ETA era mentir.
La compra de mascarillas por parte del Govern Balear en pandemia. Se ha acusado a Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso, de comprar mascarillas defectuosas en connivencia con el proveedor.
Se compraron mascarillas FP2/KN95 de uso médico. El proveedor chino las certifica. Una inspección ulterior del ministerio de Trabajo comprueba que son de nivel KN95, pero no FP2. En época de plena pandemia se decide tener en stock las mascarillas por la carencia que había de ese material. Pueden ser útiles para uso civil. Se hace una reclamación al fabricante, pasada la pandemia, para recuperar la diferencia de precio entre las mascarillas de uso médico FP2 y las de uso civil KN95. La reclamación se hace dos años más tarde, pasado el período de la pandemia, una vez verificado que su stock ya no era necesario.
Se podía haber operado con mayor diligencia, pero el peligro de rebrote de la pandemia hace comprensible la idea de mantenerlas en stock por si eran necesarias. No existe ninguna razón objetiva para sospechar que ha habido corrupción administrativa.
La mentira: acusar a la presidenta Francina Armengol de corrupción.
De acuerdo con la ley europea, más precisa que el Código Penal español, para que haya terrorismo es necesario que los desórdenes públicos tengan una intencionalidad específica: intimidar gravemente a la población, obligar indebidamente a los poderes públicos o desestabilizar gravemente las estructuras políticas o constitucionales.
Ninguna de estas condiciones se dan en el caso del presidente Puigdemont. Por tanto, no hay razón para que no pueda ser amnistiado, aunque hoy esta es una cuestión pendiente de sentencia judicial.
El tratamiento practicado con el ministro Barrionuevo, convicto de delitos de terrorismo en el caso de los GAL e indultado por Aznar, es radicalmente distinto al que ahora se practica con el presidente Puigdemont, en relación con la amnistía, acusado formalmente por actuaciones de autoría difusa y sin intencionalidad específica, como obliga la legislación europea para ser consideradas actuaciones terroristas y, por tanto, no amnistiables. El indulto es específico de la persona; la amnistía, general. Los procedimientos judiciales son específicos. Esto es lo que permite comparar un caso con el otro.
La mentira: el tratamiento de dos hechos aparentemente similares, pero radicalmente diferentes, tratado el grave con magnanimidad extrema y el inexistente con rigor absoluto.
Analizados los ejemplos, me pregunto cómo puede que las personas que han difundido estas mentiras, con consecuencias, a veces, de muerte, puedan vivir tranquilas. Yo no podría. Concluyo, desde mi irrelevancia, que soy diferente.
