La mesa de diálogo entre los gobiernos catalán y español ha dado este miércoles, en su tercera cita, unos primeros y modestos resultados. En dos campos: el de la protección y promoción del catalán, y el de la desjudicialización del conflicto. En el campo de la lengua hay algunas concreciones. En cuanto a la necesidad de poner fin a la represión, apenas se apunta un camino plausible. Naturalmente, queda mucho por hablar y por abordar sobre el problema político de fondo, el de la autodeterminación.
Teniendo presente que, por parte catalana, los negociadores solo tienen la fuerza de medio gobierno –JxCat volvió a desmarcarse ayer de la mesa a pesar de abstenerse de criticar los acuerdos logrados–, no se podía esperar que en esta fase todavía preliminar de la negociación hubiera adelantos espectaculares. En realidad, estamos todavía en la construcción de confianzas, algo que no es nada fácil cuando todavía hay exiliados y miles de personas amenazadas por los tribunales, y cuando muy recientemente se han ido produciendo nuevas revelaciones sobre casos de espionaje como el Pegasus o la operación Catalunya. De hecho, en el acuerdo hay una referencia implícita al Catalangate. En cualquier caso, lo que ha permitido estos iniciales compromisos es el interés mutuo y el pragmatismo de los dos ejecutivos. Pere Aragonès y Pedro Sánchez se necesitan. El socialista para garantizarse la gobernabilidad del Estado, el republicano para conseguir adelantos palpables en su apuesta de diálogo.
En cuanto a la defensa del catalán, los acuerdos anunciados suponen, en la práctica, la renuncia de la Moncloa a llevar al Tribunal Constitucional la reciente normativa aprobada por el Parlamento para blindar la escuela ante la exigencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de aplicar un 25% de castellano en las aulas. También aquí hay una desjudicialización y una aceptación de que no se puede abordar la educación con cuotas lingüísticas. Se trata, pues, por parte del Gobierno español, de una aceptación tácita del nuevo marco legal catalán que tendría que servir para sacar el conflicto lingüístico de la escuela. Sería demasiado osado habla de un final del conflicto, pero es un primer paso. El acuerdo también abre la puerta a la posibilidad de que el catalán se pueda usar en el Senado y a pedir que el idioma propio de Catalunya sea de uso en la Eurocámara, una reivindicación histórica nunca atendida por el Estado. Habrá que ver cómo se concretan estos puntos.
Sobre la represión, la mesa se ha quedado más en el terreno de los buenos propósitos. La concreción más explícita es la temporal: se fija finales de año como límite para dar pasos concretos y todo apunta a que una vía probable será ir hacia la reforma del Código Penal para cambiar el delito de sedición.
Si lo que se ha pactado en esta tercera reunión de la mesa de diálogo sirve para avanzar y, sobre todo, para devolver el conflicto al terreno de la política, se estará en el buen camino. Lo importante es la continuidad. Pero que nadie se engañe: será un camino lento y tortuoso. No habrá atajos mágicos ni jugadas maestras, sino capacidad y fuerza para negociar a partir de la fuerza ciudadana y la legitimidad democrática de cada parte.
