Mónica Oltra era la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana durante las dos legislaturas anteriores (las del pacto de izquierda conocido como Pacto del Botánico), y líder más bien indiscutible de Compromís. Una carrera política realmente brillante, la de Oltra, que se fue al traste cuando se vio obligada a dimitir al ser imputada por un caso de abusos sexuales cometidos por su exmarido, Luis Ramírez Icardi, contra una menor tutelada por la Generalitat Valenciana, y concretamente por la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirigía Mónica Oltra. El PP, Vox y toda la fuerza mediática de la derecha y la extrema derecha llevaron a cabo una labor de asedio a la vicepresidenta y consejera que dio frutos: finalmente dimitió, según sus mismas palabras, por no ser “la coartada para que se expulse Compromís del gobierno”. También dijo que su caso era "una infamia judicial y mediática". Lo era, y así lo ha reconocido el magistrado del juzgado de instrucción 15 de Valencia al archivar la causa dictaminante y argumentando, de forma contundente y reiterada, que no existen "indicios de comisión de ningún delito", y señalando también la inconsistencia y la falsedad de las acusaciones presentadas por la abogada y exdirigente de Vox Cristina Seguí y el también abogado y miembro del partido ultra España 2000 José Luis Roberto.
La inocencia de Mónica Oltra ha quedado probada, por tanto, pero el daño que se ha hecho en su vida política y personal ya es irreparable, como han coincidido en subrayar muchos opinadores y la presidenta de Sumar, Yolanda Díaz. También hubo consecuencias políticas: la ruptura interna del Pacto del Botánico y la desmovilización de una parte del electorado de izquierdas en las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo, que llevó a la victoria del PP y la constitución de el actual gobierno de la Generalitat Valenciana, formado por el PP y Vox. Un gobierno que es una auténtica máquina de generar odio, espíritu de revancha, fractura social, malas prácticas y situaciones esperpénticas, como otros gobiernos autonómicos de la misma cuerda, como los de Baleares o Aragón.
Todo fue una falsa causa: lawfare, persecución o guerra sucia judicial, digamos cómo queramos. Primera conclusión: ni la guerra sucia judicial se dirige sólo contra los independentistas, aunque algunos independentistas lo crean así, ni abominar del independentismo (como hizo Mónica Oltra con énfasis) sirve para mantenerse al abrigo de la guerra judicial, aunque lo piense una parte de la izquierda española. La guerra sucia judicial es susceptible de ser usada contra todos los enemigos de la patria española, y ahí viene la segunda conclusión: la derecha ultranacionalista, sea del PP o de Vox, nunca se equivoca sobre quiénes son sus enemigos. No le basta con derrotarlos: necesita destrozarlos, tanto en su vida profesional como en la privada. Lo hace usando, sin dudarlo ni un segundo, todos los medios al alcance. Y, además, les gusta hacerlo. Siempre ha sido así y siempre lo será. Conviene no olvidarlo.
