El cese de la consejera Paneque no solucionaría nada, más allá de cumplir con el manual de la oposición para casos de crisis. No puede reprochársele que no haya puesto horas de trabajo y de dar la cara. Otra cosa es que, habida cuenta del eje Sánchez-Illa, haya ido con el freno de mano puesto cuando hubiera tenido que acelerar.
En cambio, parece evidente que los responsables del caos no pueden estar en la solución del caos. Va por Renfe y Adif, claro, que continuarán estando presentes en la nueva empresa mixta Estado-Generalitat Rodalies de Catalunya. Pero tras oír hoy la rotundidad con la que le ha defendido en el Parlament el conseller en funciones de presidente, Albert Dalmau, la decisión no tiene marcha atrás.
Y sin embargo, la pregunta permanece: después de décadas de fracasos constantes en la gestión y de dejadez máxima del servicio, que justifican abrumadoramente el cambio de manos, ¿por qué no se puede traspasar Cercanías a Ferrocarrils de la Generalitat, con su correspondiente dotación presupuestaria, naturalmente?
El Estado ha traspasado a Cataluña servicios tan esenciales como la sanidad, la enseñanza y la seguridad ciudadana. No son poco. Médicos, maestros y policías están transferidos a la Generalitat. En cambio, los trabajadores de Renfe no lo estarán, y Cercanías de Catalunya será una filial de Renfe.
Renfe y Adif no son más que los brazos ejecutores (cuando ejecutan) de la orientación general de un Estado que piensa en radial. El problema, por tanto, es de concepto. Cercanías es, ante todo, movilidad de proximidad. Pero al Estado nuestra movilidad no le importa demasiado, por no decir nada. Sólo le importa la soberanía. Y resulta que quien ahora lo está pagando es, precisamente, el gobierno que venía a ocuparse de las cosas que realmente interesan a la gente para que el arrebato no volviera nunca más.
