Muertes, mascarillas y mentiras
Son tres palabras con la inicial ema que llevan días rodeando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El río diverso de la actualidad, que desciende lleno en todo momento de casos de corrupción superpuestos, juegos de la gallina encadenados y convocatorias de elecciones intempestivas, consigue hacer cierto el tópico de la cortina de humo, al menos en cuanto a la revelación más escandalosa que ha surgido de las aguas siempre turbias de la política española. A saber, la presidenta Ayuso reconoció en la Asamblea de Madrid haber decidido no trasladar a 7.291 personas de las residencias geriátricas a los hospitales, en los días más crudos de la crisis pandémica. Es decir, se dejó morir a estas personas en condiciones angustiosas con el argumento de que, de todas formas, morirían igualmente.
Que el argumento es repugnante para la ética sanitaria y para la ética de la gobernanza, y también para la más elemental idea de humanidad, resulta evidente a simple vista. Pero como siempre es necesario argumentar las obviedades, un informe hecho público este pasado viernes pone en números la infamia que representa este episodio. Lo firma una Comisión de la Verdad sobre las residencias de Madrid, un tribunal popular que, a falta de un proceso judicial ordinario, ha hecho el trabajo no juzgar ni emitir sentencia, pero sí recoger pruebas. Que sea un tribunal popular no quiere decir que carezca de fiabilidad: la Comisión está presidida por José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Supremo y flagelo de Marchenas, Llarenas, García Castellons y otros chulos de la magistratura ultranacionalista, y formada por una serie personalidades solventes de la medicina, el derecho, el periodismo o los derechos humanos.
La conclusión a la que llegan es clara: más de cuatro mil personas, de las 7.291 citadas, habrían salvado la vida si hubieran sido atendidas en un hospital (que no fuera el Zendal, eso sí, que fue construido en un tiempo récord y desvaneció, también a toda velocidad, 170 millones de euros de los que nunca se ha vuelto a saber nada). El hecho es extremadamente grave de por sí, pero hay que añadir una segunda consideración, y es que las personas que no hubieran podido superar el virus tampoco debían ser abandonadas. Merecían, como todos, una muerte digna y no ser abandonadas por una administración que incurrió en un trato inhumano.
Dentro de la balsa que se ve que fue el mercadeo de material sanitario durante aquellas semanas y meses, y donde fueron a pescar Koldos, hermanos Ayusos y sinvergüenzas de toda casta y pelaje, ha resultado que también barajó a sus anchas la pareja de la presidenta. En vez de dar explicación alguna, ella se ha refugiado, como una Trump de provincias, en una fantasiosa conspiración “de todos los poderes del Estado” contra ella y su familia. Su número dos, el tristemente famoso MAR o Miguel Ángel Rodríguez, se dedica a enviar whatsapps con amenazas a periodistas, como ha ocurrido con una periodista deEldiario.es. Aparte de mal olor a podrido, todo ello también hace de desesperación.
