Pedro Sánchez ha conseguido los apoyos necesarios para ser investido nuevo presidente del gobierno español, quedando así simbólicamente inaugurada una nueva etapa política en España y también en Cataluña que lleva años cristalizando. Por bien o por mal, será una etapa muy diferente a las anteriores, que vendrá marcada de manera fundamental por la tramitación e implementación de la ley de amnistía. Repasamos los principales rasgos distintivos del nuevo presente político.
Primero, si los dos grandes partidos españoles durante los años del proceso independentista catalán habían presentado un frente relativamente común en la cuestión territorial, que quizás tuvo su momento culminante en la activación del 155 en otoño de 2017, el PSOE de Sánchez ha ido conformando una posición estratégica respecto a la gobernanza de España y su futuro marco territorial radicalmente distinto a la del PP. La creación de la mesa de diálogo entre Cataluña y España en 2020, con pocas reuniones pero algunos acuerdos alcanzados, la concesión de los indultos en 2021 a las personas condenadas por el juicio del Proceso, la reciente e histórica introducción de las lenguas cooficiales de 'Estado en el Congreso, o el compromiso de llevar adelante la ley de amnistía que acaba de presentarse a trámite en la mesa del Congreso son todos ejemplos indiscutibles de un nuevo enfoque del conflicto territorial por parte del PSOE. Es indudable que todos ellos han venido propiciados por el interés político de poder gobernar a España. Pero también lo es que Sánchez ha demostrado una clara voluntad de cambio de etapa política con acciones que nadie pensaba que pudieran producirse, y eso pese al enorme precio político que ha pagado y pagará por llevarlas a cabo. La ley de amnistía, como es esperable en todo proceso de esta naturaleza, pondrá un punto final a la etapa política anterior y abrirá un nuevo período de política española netamente plurinacional, que requerirá constantes negociaciones y colaboraciones multilaterales, con resultados todavía inciertos.
Segundo, el cambio de enfoque en la posición territorial del PSOE, pero también el alineamiento del PP con Vox (que representan, no olvidemos, al 35% del electorado) en los pactos autonómicos y municipales y en la oposición frontal en la amnistía, han creado una situación de máxima crispación en el espacio político español y en una parte de la sociedad. Las recientes e insólitas manifestaciones en Madrid; la sucesión de también insólitas declaraciones institucionales del mundo judicial, jurídico y económico; la oposición abierta de una parte del propio PSOE, y el enfado palpable de intelectuales y amplios sectores sociales hacen prever una legislatura agria, difícil, con constantes embates jurídicos y con una lucha interna relativamente enterrada dentro de las filas socialistas. La amnistía será el motor de una confrontación política sin precedentes en la España democrática, que sin duda sobrepasará otros momentos históricos de tensión, como la última legislatura de González, la investidura de Rodríguez Zapatero o el período de renovación de los Estatutos de Autonomía. La batalla judicial contra la ley de amnistía será también dura. Y por más que haya mayoría progresista dentro del Tribunal Constitucional, nada asegura que la nueva ley, si resulta aprobada, sea finalmente validada por el TC. Los resultados de esa polarización política extrema y de la guerra judicial subsiguiente también son inciertos.
Tercero. En cuanto al panorama político de Catalunya, nada hace pensar que las tensiones abiertas entre ERC y Junts deban diluirse. El gobierno de Aragonès quizás pueda agotar la legislatura con el apoyo del PSC. Juntos, con Puigdemont a la cabeza, seguirá luchando por recuperar el protagonismo y el liderazgo dentro del espacio político independentista, y para ello necesita ser muy crítico con todas las iniciativas de ERC. La amnistía también tendrá un impacto crucial aquí. Para empezar, implica un punto final ya definitivo en la etapa del Proceso. No es que solucione el conflicto político territorial, claro. Pero transforma su naturaleza de forma radical. Con el cambio de posición de Junts, el enfoque unilateral queda inequívocamente abandonado, diga lo que diga la retórica de algunos partidos. Se produce, por tanto, un retorno ahora ya general al marco constitucional y autonómico, si no en los objetivos políticos, sí en los medios que se aceptan para luchar por estos objetivos. Por otra parte, Puigdemont y Junqueras verán restablecidos sus derechos políticos y podrán volver a presentarse a las elecciones. En 2024 transcurrirá en clima preelectoral permanente. Y muy previsiblemente las próximas elecciones catalanas vendrán marcadas por dos elementos: una victoria en votos y escaños del PSC y, por primera vez en muchos años, la alta probabilidad de que las fuerzas independentistas no logren una mayoría parlamentaria. ¿Podrá el PSC conseguir el gobierno de la Generalitat? Los resultados del nuevo panorama político serán también muy inciertos.
En definitiva, la investidura de Sánchez y la ley de amnistía marcan el inicio de una nueva etapa política en España y en Cataluña llena de tensiones e incertidumbres. Pero, como todo cambio de etapa, abre nuevas posibilidades y horizontes que hasta ahora eran impensables. Y, la verdad, no es que la etapa política que ahora se cierra nos haya traído muchas cosas positivas.
