Olas de calor, desigualdades y políticas urbanas
Hace unos años que las olas de calor son más frecuentes, más largas y más intensas. El cambio climático ya no es una amenaza lejana, sino una realidad cotidiana que se manifiesta en nuestras calles y plazas, y, sobre todo, en nuestros hogares.
Cada ola de calor deja un balance de muertes que a menudo asumimos con resignación, como si fueran inevitables. Hablamos de ello unos días, consultamos los termómetros, recomendamos hidratarse y esperar a que pase. Pero el calor extremo ya es uno de los riesgos climáticos que provoca más mortalidad en Europa. Y lo más preocupante es que no mata de manera aleatoria: como siempre, la mortalidad va por barrios.
Ante esta situación, muchas ciudades europeas han comenzado a desplegar políticas de adaptación. Se plantan árboles, se habilitan refugios climáticos, se transforman calles en ejes verdes y se buscan soluciones para reducir el efecto de isla de calor que convierte los centros urbanos en auténticos hornos durante los meses de verano.
En este sentido, la evidencia científica es bastante clara. Sabemos qué colectivos sufren más, qué barrios concentran más vulnerabilidad y qué políticas tienen más impacto, que no siempre son las más vistosas. El problema ya no es la falta de conocimiento; es la dificultad de convertir este conocimiento en prioridades políticas.
Los efectos del calor extremo no se distribuyen de manera uniforme. Un estudio reciente del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la UAB observa que en los barrios socialmente más vulnerables de Barcelona la temperatura puede ser hasta un grado más alta que en los barrios más favorecidos, un hecho que evidencia que la crisis climática amplifica las desigualdades. Los barrios con menos recursos sociales y económicos acostumbran a tener menos árboles, menos espacios verdes y menos sombra. Sus viviendas suelen estar peor aisladas térmicamente y son más vulnerables a las temperaturas extremas. Muchas familias no disponen de sistemas de refrigeración adecuados o limitan su uso por miedo al incremento de la factura energética. A esto hay que añadir una mayor presencia de personas mayores que viven solas o de colectivos especialmente vulnerables.
Esta realidad tiene un impacto directo en la salud: la mortalidad es superior en los barrios más desfavorecidos, aumentan las hospitalizaciones, se agravan los problemas cardiovasculares y respiratorios, dormir se convierte en una dificultad y la salud física y mental se resienten. El calor extremo no es solo un problema ambiental, sino también un problema de salud pública y de justicia social.
El debate público sobre las intervenciones prioritarias, sin embargo, continúa demasiado centrado en las más visibles, las que ofrecen la mejor fotografía. Por ejemplo, la transformación de calles en ejes verdes, que, si bien son necesarios, si no se planifican correctamente con otras políticas urbanas pueden acabar ampliando las desigualdades sociales.
No hay que confundir lo más visible con lo más efectivo. La mejor política climática urbana es la que protege directamente a las personas más vulnerables allí donde pasan la mayor parte del tiempo: en su casa. La primera infraestructura de adaptación climática es la vivienda. Para muchas personas vulnerables, la diferencia entre una vivienda bien adaptada y una vivienda deficiente es una cuestión de salud y bienestar, y, en los casos más extremos, de supervivencia. Las políticas climáticas solo funcionan cuando dialogan con las otras políticas sociales.
Si el objetivo es reducir las muertes durante las olas de calor, la prioridad debería ser concentrar recursos allí donde la vulnerabilidad es mayor. Rehabilitar viviendas, garantizar refrigeración a las personas mayores y de riesgo, detectar situaciones de aislamiento social e incrementar el arbolado en los barrios más expuestos son actuaciones que, según la evidencia disponible, tienen una capacidad muy superior de reducir la mortalidad que muchas intervenciones generalistas. La justicia climática no consiste en repartir los recursos de manera uniforme, sino en destinarlos allí donde pueden salvar más vidas.
El reto de adaptar las ciudades al cambio climático pasa por dos conceptos. El primero es decidir dónde invertimos, a quién protegemos primero y cómo convertimos la evidencia científica en políticas públicas. El segundo es que las políticas urbanas no actúan nunca de manera aislada. Cuando una ciudad planta árboles también transforma la movilidad, el valor de las viviendas y la composición social de los barrios. Entender estas conexiones será tan importante como decidir qué actuaciones hay que priorizar.
Una ciudad resiliente no es la que soporta mejor el calor. Es la que decide que nadie debería ver aumentado su riesgo de morir simplemente por el barrio donde vive, la calidad de su vivienda o los recursos económicos de los que dispone. Porque las olas de calor son inevitables, pero parte de los efectos y las muertes que provocan sí que se pueden evitar.
