Sin una nueva financiación no habrá política de vivienda

El nuevo curso político comenzará con muchos deberes pendientes. Pero hay uno que sobresale por su trascendencia social y económica: la vivienda. Es una preocupación central para muchos jóvenes que no pueden emanciparse, para las familias que destinan una parte creciente de los ingresos al alquiler o a la hipoteca y para las empresas que tienen dificultades para atraer talento.El debate acostumbra a centrarse en los topes a los alquileres, los pisos turísticos o los grandes tenedores. Son cuestiones muy relevantes, pero a menudo olvidamos una de más elemental: en Cataluña faltan viviendas.Entre 2021 y 2025 se generó una demanda de más de 200.000 nuevas viviendas, mientras que solo se terminaron poco más de 60.000. El déficit acumulado supera los 140.000 viviendas en cinco años. Actualmente Cataluña construye unas 14.000 anuales, cuando las necesidades se sitúan entre 30.000 y 35.000. Cubrimos menos de la mitad. La diferencia respecto a otros países europeos es de planificación, capacidad de ejecución y recursos.A esta insuficiencia se le añade la realidad demográfica. En 2024 Cataluña registró un saldo migratorio exterior superior a las 129.000 personas. La inmigración tiene un impacto muy mayoritariamente positivo: aporta trabajadores, emprendimiento y cotizaciones, y contribuye a sostener una sociedad envejecida. En Cataluña no sobra nadie, pero es imprescindible planificar y ordenar adecuadamente los flujos. No podemos asumir uno de los crecimientos migratorios más elevados de Europa sin adaptar la vivienda, las infraestructuras y los servicios públicos.

Revertir esta situación exige movilizar suelo, agilizar licencias, impulsar promociones públicas y colaboraciones público-privadas, rehabilitar barrios, ampliar el alquiler asequible y dar estabilidad a la inversión privada. También exige una mejor movilidad: poder vivir fuera de los grandes centros urbanos y llegar al trabajo de manera rápida y fiable reduciría la presión sobre las zonas más tensionadas.Durante décadas hemos construido el estado del bienestar sobre la salud, la educación y la protección social. Hoy la vivienda se ha convertido en el cuarto pilar. Pero construir vivienda asequible, ampliar el parque público o rehabilitar barrios requiere miles de millones de inversión sostenida. Estos recursos no pueden salir de recortar escuelas, hospitales o recursos para política industrial. Cataluña necesita poder hacer las dos cosas.Por eso los próximos meses serán decisivos. La condonación parcial del FLA acaba de superar el primer debate en el Congreso gracias a los votos de Esquerra y Junts, que han permitido rechazar las enmiendas del PP y Vox. Si se aprueba, reducirá en más de 17.000 millones de euros la deuda de la Generalitat y aliviará su carga financiera.El 29 de julio, el Consejo de Política Fiscal y Financiera debatirá el nuevo modelo de financiación. A pesar de los intentos del Estado, una vez más, de introducir a última hora nuevos fondos que igualen los resultados, se mantiene una propuesta que aportaría a Cataluña 4.686 millones de euros anuales adicionales a partir del 2027.

Evidentemente, no es el pacto fiscal ni el objetivo de recaudar y gestionar íntegramente el IRPF. Tampoco resuelve el déficit fiscal: los 4.686 millones solo corrigen una parte. Es comprensible que se considere insuficiente. Pero un paso insuficiente no es prescindible. No aprobarlo no nos acercaría al pacto fiscal; nos mantendría en un modelo caducado que limita fuertemente los servicios públicos y la capacidad de la Generalitat.Cataluña también debe preguntarse por qué una parte importante de la población todavía no relaciona las carencias del estado del bienestar, las infraestructuras y la inversión con la relación económica global que mantenemos con el Estado. Explicar mejor esta conexión es imprescindible.Las resistencias serán importantes. Las inercias del Estado dificultan cualquier reforma que reduzca las transferencias fiscales de Cataluña, especialmente si ha sido negociada con el independentismo. La actual aritmética parlamentaria abre una ventana de oportunidad que se puede cerrar pronto. Hay que aprovecharla y continuar trabajando para alcanzar objetivos más ambiciosos.La nueva financiación no es el punto de llegada, pero es una herramienta imprescindible. La emergencia habitacional no es solo un problema urbanístico o regulador: es también un problema de capacidad financiera. Sin más recursos, no podremos construir una política de vivienda a la altura de las necesidades del país.