Desde hace más de una década, la democracia española ha dado muchas muestras de que no supera con éxito la prueba del algodón. Si lo frotamos por encima de las reglas más elementales del estado de derecho, sin duda que saldrá enmascarado. El rosario de escándalos que hemos vivido es inacabable, pero quizás es aún más escandaloso ver que quedan impunes y justificados los abusos de poder que se han cometido por parte de los aparatos del Estado a la hora de perseguir a enemigos y adversarios. Nos hemos acostumbrado al escándalo por agotamiento y nos hemos acostumbrado a la impunidad ante la impotencia que supone ver cómo todo se tapa, minimiza o cambia.
Las evidencias sobre la existencia de la operación Cataluña y de una policía patriótica circulando por las podridas cloacas del Estado llevan muchos años sobre la mesa. Y los intentos de denunciarlo han topado una y otra vez con los muros infranqueables de los tribunales y con el silencio cómplice de PP y PSOE, que, hasta ahora, han negado cualquier intento de constituir comisiones de investigación sobre un tema tan grave .
Ahora, sin embargo, los intereses han cambiado. En pocas semanas han aparecido, por arte de magia, un vagón de documentos, grabaciones y testigos que confirman lo que en realidad ya sabíamos desde hacía mucho tiempo. Pero a base de exclusivas y documentos inéditos que alguien debía tener en un cajón ahora podemos poner letra en la música. Bienvenidas sean estas evidencias para denunciar la actuación vergonzosa del gobierno de Mariano Rajoy, con el ministro Jorge Fernández Díaz dirigiendo la orquesta.
Informes falsos, señalamiento de personas, seguimientos ilegales, infiltraciones, confección de pruebas y noticias falsas por iniciar procesos penales, escuchas telefónicas, campañas de difamación, chantajes, presiones y un largo etcétera de hechos, muchos de los cuales podrían ser delictivos, fueron la práctica diaria hecha impunemente bajo los auspicios del ministerio del Interior, todo bien regado con fondos reservados cuando conviniera. El fin justificaba los medios. Salvar a España de los enemigos de la patria les permitía tener barra libre para saltarse el estado de derecho.
Que con todas las evidencias que tenemos no se haya sentado ningún responsable político ni judicial en el banquillo de los acusados por haber calumniado e intimidado a adversarios políticos, por haber violado sin escrúpulos su intimidad o por haber maquinado para alterar los resultados de las elecciones es un gran fracaso de la democracia española. Un estado de derecho se fortalece cuando genera la confianza que es implacable persiguiendo la corrupción y se devalúa cuando se dedica a taparla ya justificarla.
Si casi nada de lo que hemos leído y escuchado estos días nos ha sorprendido en exceso , porque es basura de hace ocho, diez o doce años, tiene sentido que nos preguntemos por qué sale ahora. ¿Realmente es la astucia de algunos medios de comunicación lo que explica que ahora el tema vuelva a las portadas de Catalunya (ya algunos breves de la prensa de Madrid)? ¿Y es una reacción sentida que el PSOE, después de haberse puesto de perfil durante años ante tanta basura, ahora se haga lo indignado por las prácticas del PP?
En plena tramitación de la ley de amnistía en el Congreso, el PSOE tiene la necesidad política de reaccionar ante las críticas descarnadas del PP y ha optado por poner en marcha el ventilador y poner en evidencia las vergüenzas de los populares. Esta vez sí, al PSOE le ha convenido presentar el independentismo como víctima de las prácticas abusivas del aparato del estado cuando éste estaba en manos del PP. Pero veremos si esto es un movimiento oportunista para levantar polvareda durante unos días o llega hasta el final para que se conozca toda la verdad y los responsables paguen por sus hechos.
La comisión de investigación que, por mérito de las necesidades aritméticas, se constituirá en el Congreso, nos dará la respuesta. La experiencia nos obliga a ser escépticos sobre el resultado de todo ello, porque si en el terreno del juego político español se detecta cualquier cosa que pueda incomodar a los poderes del estado, seguro que desde el VAR no dudarán en silbar los penaltis , a anular los goles oa expulsar a los jugadores que haga falta para que el partido acabe a su favor. Si hace falta, se negará la evidencia y se declarará inconstitucional la ley de la gravedad. Mientras tanto, el grueso de la sociedad española, a la derecha ya la izquierda, se mantendrá al margen de todo ello. Vulnerar los derechos de los independentistas nunca ha tenido coste político alguno para los grandes partidos españoles porque la mayoría de sus votantes lo viven con una mezcla de indiferencia y comprensión. Lo mismo que ocurría cuando se llamaba "¡A miedo ellos!"
