Por último ya tenemos Pacto Nacional por la Lengua. Hay que felicitar al presidente de la Generalitat y su consejero de Política Lingüística por la meta alcanzada, así como quitar importancia a la pataleta de Junts, que no ha sabido distinguir el valor estratégico del Plan de sus intereses tácticos. En realidad, no es ninguna novedad que un partido que defiende la protección del catalán decida no secundar una iniciativa para proteger al catalán; basta con recordar que en 1997 Esquerra votó en contra de la ley de política lingüística.
Puestos a hablar de ausencias, una que no se ha comentado demasiado pero que valdría la pena ponderar es la del gobierno español. La salvaguarda del catalán no es sólo una competencia exclusiva de la Generalitat; también es una responsabilidad del Estado. En el Plan Nacional hay muchas medidas que dependen directa o indirectamente de prerrogativas, políticas o actitudes estatales, por lo que sorprende que las autoridades catalanas no hayan embarcado a las españolas, aunque fuera simbólicamente, como por ejemplo invitando al ministro de Cultura al acto de firma o incluso dejándole hablar. Si antes de la firma del Pacto el gobierno de Isla ya era "el más españolista de la historia", no venía de ahí.
Pero dejemos estar las presencias y ausencias y hablemos del contenido del Plan. En algunos casos, el Plan aporta solemnidad para afianzar lo que ya tenemos. El catalán, por ejemplo, seguirá siendo la lengua vehicular normal del sistema educativo, que es precisamente lo que dice la ley 8/2022 sobre la que debe dictaminar el Tribunal Constitucional. En este punto hay que cruzar los dedos para que el tribunal no eche al suelo el laborioso pacto que hizo posible que el legislador catalán aceptara que el castellano también es (puede ser) lengua vehicular (de uso curricular y educativo, según el eufemismo pactado). (El TC también debe dictaminar sobre el decreto ley que el gobierno de Pere Aragonès se sacó de la manga, en la que se establece la "inaplicación" [sic] de parámetros numéricos en los proyectos lingüísticos de los centros educativos, que ahora mismo tienen prohibido decir cosas como "una" asignatura se hará en castellano.)
El mérito del Plan, obviamente, son las medidas que inciden en ámbitos en los que el uso del catalán no está garantizado o consolidado. Firmar el Pacto no era lo más difícil: lo más difícil será aplicarlo, especialmente en los ámbitos que son estructuralmente más complicados, donde el éxito no depende exclusivamente de cuántos miles de euros se destinen.
Un ejemplo de los más prominentes es el ámbito sanitario. Este año se ha celebrado el 30 aniversario de la aprobación de un documento que presenta semejanzas con el Plan Nacional. Nos referimos al Plan General de Normalización Lingüística, que contenía múltiples sectores, áreas, objetivos y medidas. El objetivo del área "mundo sanitario y asistencial" era "impulsar la normalización lingüística en las instituciones sanitarias y asistenciales, garantizando el uso del catalán en todos los servicios de cobertura pública y en la atención de los usuarios". La referencia a la "normalización lingüística" traiciona la época en que fue escrito, pero si hacemos abstracción del término, el objetivo no es esencialmente distinto al que figura en el Plan Nacional, que es "garantizar los derechos lingüísticos de los pacientes [...] y alcanzar el uso normal del catalán como lengua profesional del sector". ¿Conseguiremos en los próximos cinco años, que es el horizonte del Plan, el que no hemos conseguido en los últimos 30? Recordemos, por otra parte, que el ámbito sanitario no es un ámbito difícil sólo para el catalán. Un ejemplo bastante instructivo es el del sueco en Finlandia, que no es una lengua regional o minoritaria cualquiera sino que es una de las dos lenguas oficiales del país. En 2001, en la primera evaluación del cumplimiento de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias en Finlandia, el Comité de Expertos ya detectó que la atención sanitaria en sueco, garantizada por ley, no estaba asegurada en la práctica, y el Comité de Ministros del Consejo de Europa emitió una recomendación. En 2024, en la última evaluación, estábamos allí mismo: a pesar de los planes desarrollados por las autoridades finlandesas, la atención sanitaria en sueco seguía sin estar asegurada, y el Comité de Ministros del Consejo de Europa emitió, por sexta vez consecutiva a lo largo de 24 años, la misma recomendación: "Take further measures to ensure la effective use of Swedish in social and health care services". En resumen: bienvenido el Plan, sí, pero no lo confundamos con un talismán.
