El gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos se ha apuntado este lunes otro éxito al cerrar un primer acuerdo sobre la reforma de las pensiones con patronal y sindicatos. En este caso el artífice ha sido el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, que después de meses de negociaciones ha desbloqueado una de las cuestiones que plantea más dilemas y que más dudas genera sobre la economía española. Es cierto que muchos aspectos espinosos, como por ejemplo el nuevo sistema de cálculo de las pensiones, se han dejado para una segunda fase de las negociaciones, pero de entrada se han pactado aspectos básicos que indican por donde tiene que ir el futuro sistema de pensiones para ser más justo y sostenible.
En primer lugar las pensiones se volverán a revalorizar con el IPC, de forma que se impide que pierdan poder adquisitivo. De este modo se entierra la reforma aprobada por Mariano Rajoy en plena crisis económica, que fijaba una revalorización mínima del 0,25% pero sin ningún compromiso de relacionar esta subida con la inflación. En la práctica, pues, en tiempo de crisis las pensiones, un pilar básico para la subsistencia de millones de familias, podían perder poder adquisitivo. Y el segundo aspecto, y seguramente el más importante, es que se declara la guerra a las jubilaciones anticipadas por la vía de las penalizaciones fiscales, por un lado, y de los incentivos para alargar la vida laboral, por otra.
La tesis de Escrivá es que el sistema de pensiones español es sostenible siempre que se acerque la jubilación real (ahora la media es de 64,6 años) a la edad legal, que ahora es de 67 años. Durante demasiados años se ha abusado de las prejubilaciones y las jubilaciones anticipadas, sobre todo en las grandes empresas y en sectores como la banca, que han sacado del mercado de trabajo a personas que todavía tenían mucho que aportar a nivel profesional y que a menudo estaban todavía en la cincuentena. Este hecho, sumado a una esperanza de vida de las más elevadas del mundo (que era de 84 años antes de la pandemia y ahora es de 82,4), ha supuesto una fuerte carga para las arcas de la Seguridad Social, hasta el punto de amenazar el sistema mismo. Y es que cuando se diseñó el sistema, la esperanza de vida se acercaba mucho a la edad de jubilación, y por lo tanto, se tenían que pagar durante mucho menos tiempo.
Entre las medidas para hacer más sostenible el sistema también se ha acordado que los llamados gastos impropios, como por ejemplo las pensiones no contributivas, irán a cargo de los presupuestos generales del Estado, que aportará un 2% del PIB, unos 21.000 millones de euros. Es cierto que de este modo se traslada el gasto de un lugar a otro, y habrá que pensar cómo se compensa fiscalmente, pero también se asegura la sostenibilidad de la caja de la Seguridad Social a largo plazo. El objetivo de Escrivá es que, cuando el nuevo sistema esté del todo reformado, sirva para asegurar las pensiones durante los próximos 25 años, es decir, durante el periodo en el que se jubilará la generación del baby boom, la más numerosa de la historia. Esta era, por lo tanto, una reforma tan necesaria como urgente.
