Una espera de los asaltadores de diligencias que honoren las costumbres del gremio y actúen, por un mínimo de decoro y vergüenza, con la cara tapada. No ha sido así con el rescate por 53 millones de euros de la aerolínea Plus Ultra, autorizado por el gobierno español con cargo al fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI).
Se tiene que tener morro para considerar esta empresa estratégica, con el 0,1 de cuota de mercado en el transporte aéreo de pasajeros, cuatro aviones, en pérdidas desde que empezó a operar y con una estructura de la propiedad que se pierde en sociedades domiciliadas en Panamá. Esto lo ve incluso quien no tiene ojos en la cara. "Estratégicos" deben ser los intereses reales –y de momento ocultos– por los que se la ha rescatado con el dinero de usted y mío.
Que todo el gobierno de Pedro Sánchez se esconda ahora bajo las piedras viene a demostrar la poca claridad del asunto. La ministra de Economía, Nadia Calviño, dice que ella no tiene nada que ver y el de Fomento, José Luis Ábalos, niega toda participación, a pesar del informe de su ministerio avalando la operación. A las autoridades de la competencia, por su parte, ni se las ha consultado. Extraigan ustedes sus conclusiones. Sin embargo, la mayoría de veces, si anda, nada y grazna como un pato, es un pato.
Más allá del despropósito que supone por él mismo, el rescate de esta aerolínea es el último espejo donde se reflejan los defectos ancestrales de los poderes públicos españoles: clientelismo, desplante, impunidad y opacidad. Y lo dejamos aquí porque solo puede escribirse en clave afirmativa lo que ya está probado.
Dejando de lado la indignación que a cualquiera con dos dedos de frente tiene que provocarle el asunto, incluyendo las patronales turísticas que tendrán que pagar un daño reputacional en la medida que las ayudas a este sector se perciban como un expolio, lo que resulta más preocupante son los síntomas de la enfermedad que anticipa.
Porque si todo va como tiene que ir, los próximos años llegarán a España 140.000 millones de euros procedentes del fondo de recuperación de la UE que tienen que servir, supuestamente, para transformar y relanzar la economía después del destrozo del covid-19. La operación de la SEPI nos demuestra cómo de preocupados tenemos que estar por la gestión que se acabe haciendo de este maná. ¿Cuántos Plus Ultra nos tendremos que tragar como proyectos estratégicos en un reparto que el poder público puede acabar convirtiendo en una rave de piratas?
Ojalá los mecanismos de control de la UE, sea cuando sea que todo este capital empiece a manar, sean de lo más exigentes y efectivos. Nos convendría rezar, porque con los millones comunitarios aterrizaran también en el aeropuerto de Barajas un par de aviones cargados de mujeres y hombres de negro con la placa de sheriffs comunitarios. Lo que sea para poner freno a la ya demostrada tendencia de nuestros gobernantes al derroche chapucero y a la compra de voluntades siempre que pueden. Y ojalá solo fuera esto.
Josep Martí Blanch es periodista
