BarcelonaPablo Casado quiso adelantar las elecciones en Castilla y León porque le convenía a su relato de cambio de ciclo para asaltar la Moncloa, y ahora está completamente en manos de Vox, que tiene los diputados que le faltan al PP para sumar mayoría y formar gobierno. Hasta ahora el PP ha conseguido mantener a Vox fuera de los gobiernos autonómicos, en parte porque tenía a Cs y en parte porque a la extrema derecha tampoco le ha convenido entrar, pero ahora parece que Casado tendrá que tomar una decisión trascendental en Castilla y León que determinará el futuro de su formación política. El PP, pues, tiene que decidir si se ata definitivamente a la extrema derecha y la acepta como socio preferente, alejándose así de la praxis de sus homólogos europeos de la CDU o incluso de los conservadores franceses, o apuesta por desmarcarse y competir por el espacio del centro con el PSOE.
El problema es que en el PP tampoco hay una posición unitaria al respeto. En un extremo se sitúa el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que rechaza pactar con Vox y pide al PSOE que se abstenga; y en el otro está la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que anima a los suyos a no tener miedo de pactar con los que considera ideológicamente afines. De momento, el presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, se sitúa más en el lado de Feijóo, pero habrá que ver si se arriesga a una repetición electoral por no pactar con la extrema derecha. Y tampoco está claro que la última decisión la tome él, porque también afecta, y mucho, al proyecto de Casado.
Por su parte, la izquierda tampoco parece muy preocupada por el acceso de Vox a un gobierno autonómico. De hecho, da la impresión de que tanto PSOE como Unidas Podemos lo estén deseando porque piensan que así el voto de izquierdas se movilizará con más facilidad en próximas contiendas electorales. Esta actitud también es irresponsable, porque la experiencia demuestra que cuando los ultras entran en los gobiernos son especialmente peligrosos. De hecho, aunque no estén, ahora mismo Vox ya determina la manera de hacer política en lugares como la Comunidad de Madrid, donde tienen en Ayuso a una aliada, en Murcia o en ciudades grandes como Alicante, donde acaban de imponer multas de 3.000 euros a los sintecho como condición para apoyar en los presupuestos.
El caso es que, por la inoperancia y falta de rumbo de unos –el PP– y el cálculo electoral de otros –la izquierda–, la extrema derecha puede estar a punto de gestionar políticas concretas en una comunidad autónoma importante como Castilla y León. Si se confirma, habrá un riesgo real de retroceso en derechos sociales, en especial para las minorías, y un peligro de polarización y fractura política mucho más grave de la que ahora ya sufre España. Sin duda, para el PP será un mal negocio, puesto que quedará completamente atado de manos y pies a unos únicos socios posibles que le marcarán el paso. Y se hará todavía más grande la distancia que separa Catalunya, donde el PP y Vox son minoritarios, de una España que cada vez más flirtea con el regreso a épocas pasadas.
