La prioridad nacional es contraria a la salud pública
Existe un amplio acuerdo institucional y académico según el cual entre los principales objetivos de un sistema sanitario justo debe estar incluido el concepto de equidad; que la equidad, en el campo de la salud, comporta que las personas con las mismas necesidades de salud deberían tener el mismo acceso a la atención sanitaria, y que, por el contrario, las personas con diferentes necesidades de salud, con desigualdades, deberían tener un acceso desigual a la atención sanitaria, que no es otra cosa que la aplicación del concepto marxista de “a cada cual según sus necesidades”. Este es el sentido de la visión actual de la salud pública: las políticas sanitarias no deberían limitarse a tratar enfermedades, sino que también deberían reducir las desigualdades sociales que las generan. Y asociada a esta visión, la idea de justicia.
Pero parece que no todo el mundo lo ve así. Recientemente, Vox ha puesto sobre la mesa en sus negociaciones con el PP, y como condición principal para poder contar con su apoyo a la hora de constituir gobiernos autonómicos, la idea de “prioridad nacional”, que interpretan como la exigencia de que los ciudadanos españoles tengan preferencia absoluta frente a los extranjeros en el acceso al beneficio de las políticas públicas sociales, como los puestos de trabajo, la vivienda, los servicios sociales y, también, la sanidad.
Permítanme algunas consideraciones al respecto, desde mi punto de vista salubrista.
En primer lugar, independientemente de las consideraciones éticas al respecto, el concepto de “prioridad nacional” está mal formulado de acuerdo con su significado correcto; en realidad prioridad nacional significa decidir sobre qué problemas sanitarios el Estado quiere actuar para alcanzar un beneficio mayor en términos de salud para el conjunto del país. La pregunta a la que responde la prioridad nacional es "¿qué debemos hacer?" y no “¿a quién debemos hacerlo?”, como se desprende de la visión de Vox. Una definición correcta se corresponde más con la idea del “welfare chauvinism” –el chovinismo del bienestar–, ampliamente extendida entre los grupos políticos ultraderechistas de todo el mundo, que defiende que los beneficios del estado del bienestar deben restringirse solamente a los ciudadanos del estado propio, excluyendo a los extranjeros, a los inmigrantes, justificándolo en la creencia de que el progresivo deterioro del estado del bienestar es ocasionado por los abusos de los inmigrantes, que se benefician de él sin contribuir. No es “prioridad nacional”, sino “prioridad de los nacionales”.
Por otra parte, la existencia de minorías excluidas del sistema sanitario puede acarrear graves riesgos para la salud del resto de la población. Liguémoslo con el concepto de “determinantes sociales de la salud”, aquellas circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Estos determinantes son de carácter colectivo, no restringidos a grupos sociales, raciales o económicos; representan hasta cerca de un 80% de nuestro estado de salud, muy por encima del sistema sanitario, y son los principales causantes de las desigualdades. Y estas desigualdades se traducirán en impacto sobre el conjunto de toda la sociedad en términos de salud por el efecto de determinadas enfermedades –como por ejemplo las infecciosas– en la disminución de la productividad de la masa laboral –compuesta, en buena parte, por estos grupos excluidos–, en el equilibrio demográfico o en la cohesión social. Aquello que afecta a una parte de nuestra colectividad, aunque la queramos excluida, acabará afectando al conjunto de la sociedad y, por tanto, también a los “ciudadanos” de derecho.
Hay que considerar también que muchos de los problemas de salud pública superan los límites nacionales y sociales. La covid-19 y todas las pandemias nos demuestran que los microorganismos patógenos no reconocen fronteras ni, como hemos dicho antes, diferencias entre grupos sociales. Tampoco entienden de límites fronterizos ni sociales los efectos de la resistencia a los antibióticos, la contaminación o el cambio climático, por ejemplo, y requieren la colaboración internacional y la multilateralidad.
Consideraciones pragmáticas. No entro en temas éticos. Pero hay que recordar que la equidad y la justicia son valores fundamentales para el progreso de la sociedad. Equidad y aquello que ellos llaman prioridad nacional no ligan. Y, al final, como dice el refrán “quien escupe al cielo, en la cara le cae".
