Los privilegios en el Parlament se tienen que acabar
BarcelonaLa mesa del Parlament aprobó en la última reunión del año una reforma del sistema de licencia por edad que permitía a los trabajadores de la cámara cobrar sin trabajar de los 60 a los 65 años, un auténtico escándalo que ha salido a la luz pública gracias a una investigación del ARA. La actual presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha defendido este lunes que los cambios no fueron propiciados por la petición de información del diario sino que responden a su propia iniciativa, a pesar de que la petición del ARA es del mes de abril, ocho meses antes de que se aprobara la reforma. En todo caso, lo que es importante es analizar lo que aprobó la mesa por unanimidad para ver si realmente acaba con los privilegios laborales de los trabajadores del Parlament. Y la respuesta es que no.
El nuevo sistema solo obliga a los trabajadores que se acojan a trabajar unas horas durante los dos primeros años, pero en los tres siguientes se mantiene el principio de cobrar sin trabajar, que es lo que ha provocado el escándalo y la indignación general. Tanto es así que nadie ha salido públicamente a defenderlo. Ni los que lo aprobaron desde la mesa ni, todavía menos, los beneficiarios. Las explicaciones que ha dado el expresidente de la cámara Ernest Benach, en el sentido de que en 2008 la sensibilidad era diferente, resultan lamentables, y no solo con ojos del 2022. De alguna manera es una muestra de cómo se gestionaba el dinero público durante los años de la burbuja, cuando los recursos entraban a espuertas en Hacienda y se derrochaban con alegría e inconsciencia. Y del resto de presidentes (De Gispert, Forcadell, Torrent) o miembros de la mesa que no detectaron o no quisieron afrontar el problema, lo mínimo que merece la ciudadanía es una disculpa pública.
Pero volviendo a la situación actual, lo más urgente es resolver esta situación irregular de todas todas y no con un parche que mantiene la situación de privilegio. Los grupos parlamentarios con representación en la mesa (Junts, ERC, PSC y CUP) tienen ahora la oportunidad de acabar con este agravio comparativo y con el sistema de licencia por edad. La presidenta Borràs ha justificado el acuerdo porque es producto de una negociación con los trabajadores, pero esto no es una excusa. La paz social en el Parlament no se puede conseguir en base a un sistema de privilegio. Si hay consenso en que el sistema no es aceptable, se tiene que eliminar. Corto y claro, moleste a quien moleste.
Nos gustaría que todo ello ayudara a concienciar la clase política de la importancia de gestionar cada euro público con el máximo de eficacia y equidad. Los funcionarios tienen que tener condiciones dignas, evidentemente, y es lícito que la administración sea líder a la hora de otorgar derechos laborales a sus trabajadores. Pero una cosa es esto y otra provocar una situación de abuso en una institución pública que, además, no está sometida a ningún órgano de control externo. Esta también es otra anomalía que se tiene que resolver para que no se pueda volver a producir un episodio parecido.
