Este lunes, cuando aparecieron publicadas las nuevas informaciones sobre la operación Catalunya que demuestran la implicación directa de Mariano Rajoy en el escándalo, el actual presidente español, Pedro Sánchez, se exclamó, en una entrevista en la SER, que se trataba de unos hechos de una gravedad extrema, literalmente “sin igual en las democracias conocidas”, y reclamaba llegar “hasta el final” en el esclarecimiento de responsabilidades. El fin de una vulneración del estado de derecho como esta, en la que el gobierno utiliza los poderes del estado para destruir a un adversario político, es de doble naturaleza: político y legal. Hay unas responsabilidades a dirimir en el Congreso de Diputados, y después otras, todavía, ante los tribunales.
Las exclamaciones de Sánchez pueden criticarse por sobreactuadas (la guerra sucia contra el independentismo es un asunto de estado y, por tanto, lo conoce más que bien), interesadas (ve una ocasión de perjudicar al adversario, es decir, al PP) y parciales (el PSOE, con él de secretario general, ha sido un aliado en la criminalización del independienteismo catalán, y durante su mandato como presidente se ha producido otro escándalo de cloacas, el caso Pegasus, ahora hemos sabido que el gobierno de España accede a la desclasificación de una parte de los documentos relativos a este espionaje, pero lo hace solo a petición del juez que investiga el caso). Ahora bien, con todo esto hay que decir también que ha sido la única voz relevante del Madrid político que se ha pronunciado sobre un hecho de una importancia efectivamente trascendente. Todos los demás, empezando por los medios de comunicación de la villa y corte, han hecho lo que hacen siempre cuando se trata de asuntos relacionados con Catalunya: mirar hacia otro lado y callar.
Sin embargo, con mayor o menor publicidad, los hechos son ya de dominio público, son tozudos, y las responsabilidades deberán ser aclaradas. En 2022 España ya se vio degradada, en el ranking de referencia de The Economist, de "democracia plena" al nivel inferior de "democracia defectuosa", debido a la falta de independencia judicial (una etiqueta que aludía al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, pero también a la persecución de líderes y activistas de el independentismo catalán). En 2023 recuperó el nivel de democracia plena, pero puede volver a perderlo ante la evidencia de los abusos cometidos por el Estado durante años, de forma sostenida y organizada. Tal vez a muchos esto les dé igual, pero perder credibilidad democrática frente a la comunidad internacional nunca es una buena noticia. Tiene consecuencias políticas y diplomáticas, y también las puede tener económicas.
A lo largo de las cuatro décadas y media que hace que dura la etapa democrática, y especialmente desde la sentencia del Estatut, se ha instalado entre los dirigentes del nacionalismo español la idea de que con la apelación a la unidad de la patria tienen más que suficiente para justificar cualquier exceso o despropósito. Si quieren saber cómo ha crecido tanto la extrema derecha en España, empiecen por ahí.
