El acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral es uno de los grandes retos sociales a los que debemos hacer frente porque históricamente las organizaciones han dado la espalda a esta problemática, alimentando el silencio y la impunidad en cuanto a una de las violencias machistas más extendidas.
La creación de protocolos ha sido clave para la prevención y para un adecuado abordaje de este tipo de acoso, garantizando que quien dirime los hechos sean profesionales expertas en la materia –y externas a la organización–. Así, el proceso puede gestionarse desde la máxima neutralidad.
Que esto sea así es indispensable: el esclarecimiento de este tipo de hechos es de una complejidad muy elevada y se necesitan profesionales con formación y experiencia en la materia. Pero desempeñar este papel no es nada sencillo porque a muchas organizaciones les incomoda que venga alguien de fuera a analizar qué ocurre en su casa. Más aún cuando hablamos de una denuncia por acoso. Es habitual que cuando ocurre algo de estas algunas organizaciones se cierren en sí mismas por miedo al descrédito, por miedo a reconocer lo que está pasando. La tarea de las profesionales es analizar el caso concreto: puede que determinen que ha existido acoso o bien que se descarte o bien que no haya suficientes pruebas objetivas para demostrarlo. Pero en paralelo a este análisis que hacen, puede que también detecten culturas organizativas con relaciones de poder que tensan el ambiente, con un sustrato machista que establece unas estructuras de privilegio que hay que cambiar. Desgraciadamente, nada nuevo ni sorprendente, porque es una realidad que podemos identificar en gran parte de las organizaciones de nuestra sociedad.
Ante esto pueden pasar dos cosas: la organización puede mostrar una actitud receptiva y leer el proceso como una oportunidad de mejora, o puede ser absolutamente reactiva porque le incomoda el espejo que le han puesto delante. Es lo que hemos visto esta semana a raíz del informe de la denuncia de acoso por parte de la diputada Cristina Casol en el grupo parlamentario Junts, donde se determinaba que no se podía acreditar una situación de acoso, pero sí se habían identificado dinámicas con sesgos machistas a cambiar. El partido ha decidido querellarse contra las tres profesionales que analizaron el caso, por injurias, al considerar que el informe está cargado de falacias. Es incomprensible que uno de los partidos que firmó el protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral ahora se querele contra lo esencial para su buen funcionamiento. Responder con represalias hacia las profesionales judicializando su trabajo porque no está de acuerdo con el informe es muy decepcionante. E inaceptable. Es también una forma de violencia de segundo orden (el ataque a las profesionales que se dedican al abordaje de las violencias machistas) porque estas presiones buscan condicionar el ejercicio profesional y tienen un efecto disuasivo. Una acción equivocada, que sitúa en el centro el miedo y la resistencia y no la oportunidad de escuchar y revisarse.
