El 30 de octubre de 2017 Carles Puigdemont, ya expresidente de la Generalitat por haber sido aplicado el artículo 155 de la Constitución, sale de España y se dirige a Bruselas, donde están ubicados el Parlamento y la mayoría de las instituciones que conforman la Unión Europea. Se instala en la localidad de Waterloo, y allí permanece dentro del espacio de libertad, seguridad y justicia que constituye uno de los pilares que sostienen el entramado democrático que configura la UE. Nunca ha sido un fugitivo.
Desde ese día hasta el momento presente han pasado casi siete años, plagados de incidencias políticas y judiciales. El juez instructor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al amparo de la Orden europea de detención y entrega, activa una petición dirigida a los órganos judiciales de los países que forman parte de este sistema para que procedan a su detención y entrega. El rechazo a esta pretensión ha sido generalizado, salvo la respuesta del tribunal alemán de Schleswig-Holstein, que accede a la petición de entregarlo por un posible delito de malversación de caudales públicos, lo que impedía su condena por rebelión o sedición. Esta posición de los tribunales europeos y algunas decisiones del Comité de derechos humanos y del Consejo de Europa debieron ser escuchadas por las autoridades judiciales españolas y la opinión publicada.
Abandonemos el pasado y situémonos en el momento presente. Carles Puigdemont ha manifestado su intención de regresar a España y participar en la sesión de investidura que se celebrará en el Parlament. En el intervalo de tiempo, se abolió el delito de sedición, se vuelve a la definición clásica del delito de malversación, se han concedido indultos y se ha aprobado una ley de amnistía que goza de presunción de constitucionalidad mientras el Tribunal Constitucional no diga lo contrario.
El juez instructor Llarena mantiene la orden de detención, sin respetar el Estatut de Catalunya. Teniendo en cuenta los antecedentes no es previsible que la revoque. En el primer puesto fronterizo o aeropuerto por el que pase, Puigdemont será detenido. Me imagino que las comisarias recibirán la orden de ponerlo a disposición inmediata del juez sin agotar arbitrariamente las setenta y dos horas que permite ley.
El juez le tomará declaración, preguntándole, previsiblemente, si se confiesa autor los delitos por los que ha sido declarado en rebeldía. Como es lógico, contestará que no, por lo que la diligencia durará escasos minutos. Recibida la declaración, deberá tomar una decisión sobre la situación personal, es decir, si acuerda su prisión preventiva, con o sin fianza, o decide ponerlo en libertad. Por si le sirve de apoyo para adoptar esta última medida, puede consultar el dictamen del Grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias (ONU), que ya emitió un informe considerando que la detención preventiva de los líderes condenados era absolutamente injustificable a la vista de los hechos que se estaban juzgando. No podemos, una vez más, ponernos de espaldas a la comunidad jurídica internacional.
Espero que el juez Llarena se ajuste a los principios de legalidad, proporcionalidad e imparcialidad y se ajuste a los parámetros que marca nuestra ley procesal penal para poder acordar la prisión preventiva. No existe riesgo de fuga porque no parece muy congruente con la decisión de regresar. Tampoco se da la posibilidad de destruir pruebas y el peligro de volver a delinquir resulta imposible a la vista de nuestro actual texto constitucional. Nos podríamos encontrar ante una detención ilegal.
Algunos hemos sostenido, contra viento y marea, la ilegalidad del procedimiento penal y de todas las medidas que se han derivado de la condena. Hemos apoyado los indultos y la necesidad de una ley de amnistía. Me parece que esta postura nos autoriza a solicitar del señor Puigdemont, que ha sufrido la dureza de siete años de exilio injustificados, que actúe, en estos momentos, con sentido de su responsabilidad política, y que a la vista de la convocatoria para el próximo jueves de la sesión de investidura de Salvador Illa no ponga obstáculos para su normal celebración.
Una vez producida, puede desarrollar aquellas políticas e iniciativas que estime pertinentes sin renunciar a sus convicciones independentistas. Me gustaría que, sin perjuicio del camino que elija, tomara en consideración los efectos que podría originar en el resto de España, sin descartar un vuelco electoral que podría entregar el gobierno a una coalición del PP y Vox, cuyas consecuencias ya hemos podido comprobar en las autonomías y ayuntamientos en los que han gobernado.
