En medio de la intensa actualidad económica, quisiera poner el foco en una cuestión de la que se había hablado mucho y que últimamente ha quedado fuera del radar mediático: el despliegue de los fondos europeos. Estamos en la recta final, y en esta última fase nos jugamos el éxito o fracaso de muchos proyectos transformadores para nuestro territorio. La clave es si sabremos rematar correctamente este dossier o dejaremos escapar oportunidades que ya teníamos al alcance.
Los fondos europeos Next Generation han sido una iniciativa histórica de la UE para impulsar transformaciones estructurales, con recursos sin precedentes. Pero, como ocurre a menudo, es en los detalles y en los proyectos concretos donde se juega la verdadera batalla y donde se medirá el impacto transformador real.
Según los datos más recientes (finales de julio de 2025), "Catalunya ha recibido" 9.543 millones de euros de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) desde 2021. De éstos, 4.071 millones de euros (el 43%) han llegado a través de transferencias del Estado (es decir, recursos asignados, aunque no siempre abonados). Otra vía casi equivalente (4.058 millones de euros, 42%) fueron convocatorias estatales de los ministerios con beneficiarios catalanes. El 15% restante (1.414 millones de euros) corresponde a pujas o asignaciones directas del Estado a Cataluña.
He escrito "Catalunya ha recibido" entre comillas porque, en algunos casos, estos recursos difícilmente se materializarán y llegarán a las pymes e industrias que han trabajado intensamente en estos proyectos. El motivo principal es por falta de prioridad política.
Un buen ejemplo de ello son las convocatorias estatales con beneficiarios catalanes. El Estado ha publicado hasta ahora 319 resoluciones, por un importe global de 23.230 millones de euros, de los que 4.058 millones se han asignado a Cataluña (un 17%), claramente por debajo de nuestro peso económico en el Estado. No sorprende, pero es necesario remarcarlo. Dentro de este ámbito, me centraré en un caso paradigmático: el PERTE de economía circular. Catalunya ha estado especialmente exitosa –de hecho, una de las convocatorias más exitosas de todos los PERTE–, con una treintena de empresas que han captado el 32% del total de los fondos (165 millones de euros), por delante del País Vasco y Andalucía (ambos con el 13%). La mayoría de estas empresas pertenecen a la industria manufacturera e impulsan proyectos para reducir el uso de materias primas y mejorar la gestión de residuos. Además, los recursos deberían distribuirse ampliamente por el territorio, ya que las empresas beneficiarias se sitúan en 14 comarcas distintas.
Ahora bien, este PERTE arrastra un grave problema de origen: los plazos. Se ha fijado la fecha límite de justificación de las inversiones a 31 de diciembre de 2025, un horizonte demasiado corto e incoherente con la complejidad de los proyectos industriales y con los habituales retrasos en el suministro de maquinaria y equipos. En consecuencia, muchos proyectos corren riesgo de no ejecutarse a tiempo, con la pérdida económica y laboral que esto implicaría en varios territorios.
Los ministerios correspondientes (principalmente Industria y Transición Ecológica) habían expresado su voluntad de flexibilizar plazos, especialmente cuando los retrasos responden a factores externos. Bruselas, de hecho, establece como fecha máxima el 31 de agosto de 2026 y deja margen a los estados para ampliar los plazos hasta esa fecha sin necesidad de autorización previa de la Comisión Europea, siempre que se cumplan los logros definidos. En el caso del PERTE de economía circular, esta flexibilidad sería posible y clave para garantizar la ejecución de una treintena de proyectos de gran importancia para Cataluña.
Estamos, por tanto, ante un punto crítico. No se trata sólo de cumplir con calendarios administrativos, sino de asegurar que proyectos industriales alineados con las prioridades europeas de reindustrialización verde lleguen a buen puerto. No hacerlo sería desperdiciar una oportunidad estratégica muy relevante.
En definitiva, todavía hay mucho en juego en el despliegue de los fondos Next Generation. Como dice el dicho, no digas trigo hasta que esté en el saco y bien atado. Ahora toca hacer un esfuerzo técnico y político para poder, finalmente, llamarle trigo y cerrar esta etapa con un balance positivo para el país.
