Cruzo la Gran Vía de Barcelona en medio de la riada de maestros. Una docente me pregunta si ha quedado claro que no han salido a la calle sólo por una cuestión de salarios. Creo que sí, que ya hace tiempo que ha quedado claro (y más desde esta semana de movilización por todo el país) que no pueden más, que les faltan manos y recursos, que sufren una suma de malestares, también el económico, al igual que ocurre con los médicos, con los que, por cierto, llevan años compartiendo que están hartos de burocracia sin que nada cambie.
No se trata de regalarles las orejas: precisamente porque la diversidad y las necesidades de los alumnos se han multiplicado, el nivel de exigencia académica para los futuros maestros debería ser más alto que el que hasta ahora les ha permitido llegar a la docencia. Más aún teniendo en cuenta la trascendencia de la enseñanza en el futuro de cualquier sociedad.
La excelencia de un país está hecha de la autoexigencia de sus gentes, pero es casi imposible llegar sin poder político. Y en este sentido, esta semana hemos vivido un caso humillante: el Parlamento no puede exigir que sus chóferes acrediten un nivel intermedio de catalán, sino a lo sumo el nivel elemental, de acuerdo con la respuesta de la justicia a una demanda de este grupo de presión nacionalista español irónicamente autodenominado Convivencia Cívica Catalana. El catalán está afectado, también, por una inferioridad jurídica que le está condenando. Con este nivel de protección, si el no-Gobierno dedica muchos más recursos y los partidos mucho más interés, deberemos pedirles que sean ellos los que vayan a la escuela a explicar a los alumnos por qué deben aprender nuestra lengua.
