Para salir del aprieto

¿Votaremos el 14-F? El TSJC lo dirá... Pero, ¿se le tiene que permitir que lo decida? ¿Por qué? ¿Se puede evitar? Sí, al final iremos. Pero bueno, pero, hay que situarse. 

Hace un par de semanas se suspendieron las elecciones. Esto fue habitual hasta el verano de 2020: casi 70 elecciones, se suspendieron. Pero ha sido excepcional desde septiembre: se han hecho más de medio centenar (en Australia, Canadá, Estados Unidos, Chile, cinco estados de la UE...); y desde el mismo septiembre, aparte de Cataluña, se han suspendido en tres países: Jamaica, Malasia y Somalia.

En conexión con la decisión de suspenderlas, los responsables institucionales y los medios audiovisuales públicos han escenificado una verdadera apología del miedo a votar. No es que la situación no sea grave; lo es. Pero es más alto el riesgo de contaminación en cualquier actividad relacional todavía permitida que en los colegios electorales, teniendo en cuenta los preparativos (corresponde alabar aquí la transparencia de Ismael Peña-López, sin necesidad de estar de acuerdo con todas las decisiones y explicaciones) y los precedentes. 

Una excepción, sin embargo: la franja horaria recomendada para positivos de covid. ¿Por qué autorizar que rompan el aislamiento los positivos de covid? ¿Para garantizar el derecho de voto a todo el mundo, todo el mundo? Esto no se ha hecho nunca jamás, y es imposible. En todas las elecciones hay gente enferma, y hospitalizados. Más todavía, en la última gripe precovid, en la primera semana de febrero de 2019, se diagnosticaron en centros sanitarios 27.000 casos. En el año 2018 se llegó a 30.000 casos diagnosticados en centros sanitarios en una semana. ¿Habría que prohibir las elecciones en enero y febrero?

Con intención generosa -garantizar el derecho a voto de todos, todos- se ha llegado a extremos que superan todo el que se ha hecho hasta ahora en todas partes. Pero en ninguna parte se ha cuestionado la legitimidad de elecciones por el covid. No toca autorizar que los positivos se salten el aislamiento. Los diagnosticados entre el 6 y el 14 de febrero serán entre 25.000 y 30.000 personas, parece. Todavía no sabemos quién son ni dónde viven, motivo por el cual no se puede sesgar el resultado si se decide pronto. ¿Piensan en ello? 

Esta es la clave: se ha sobrestimado el impacto del covid en la legitimidad de las elecciones. Y mucho, vistos los antecedentes de todas las elecciones celebradas desde el verano. También de las de Portugal. La exageración que ha hecho la maquinaria catalana del miedo ha sido enfermiza, pero no hay espacio ahora para detalles. De hecho, si la pauta portuguesa se repitiera en Catalunya, considerando únicamente el covid, la participación el 14-F sería entre el 72% y el 75%. Por cierto, no lo será, pero debido a la caída de interés por las elecciones.

Al final, opiniones son opiniones, pero dos cosas parecen indudables: 

1) Los partidos y líderes políticos son escuchados por sus seguidores e indecisos cercanos, y los informativos audiovisuales hechos en Catalunya tienen más seguimiento entre electores independentistas, mientras que los estatales tienen más audiencia entre los unionistas.

2) Los partidos y líderes catalanes y los medios audiovisuales que siguen mayoritariamente sus electores cercanos han actuado como una maquinaria de propagar el miedo a votar. Todavía lo hacen. Los partidos y líderes unionistas y los medios estatales transmiten a sus electores cercanos que el miedo a votar es una exageración del Govern, porque los independentistas ven que el 14-F pierden y por eso quieren suspender las elecciones. 

Estos son los mensajes diferentes que llegan a los diferentes segmentos del electorado. En cuanto a la movilización, ¿hace falta decir más?

Si desde el independentismo se quiere angustiar con el peligro de votar, sería más convincente cerrar todo lo que no es servicio esencial, todavía abierto. Esto, claro, si se juega la carta de "seguro que el TSJC acepta la suspensión de las elecciones por la gravedad del tema sanitario", así que jódele decreto de suspensión.

Ahora, si realmente se cree que el TSJC participa en una operación de estado, esta estrategia es un estúpido suicidio electoral, porque promueve el miedo y la abstención entre electores independentistas, mientras que entre los unionistas se está promoviendo la participación. Y sería temerario dejar que el TSJC decida según interés electoral del Estado, en cualquier caso (si el 14-F va bien al Estado, se vota; si no, el 30-M, o cuando sea).

Llegados a este punto, revisemos los hechos: 1) Constatada la evolución diaria de los contagios (que, cierto, tardará en notarse en los hospitales); 2) Constatadas las garantías de seguridad que se ofrecen en la jornada electoral. Conclusión: es obvio que el riesgo de contagiarse por votación presencial (también se puede por correo) es muy inferior a la de cualquier actividad relacional permitida (sobre todo, suprimiendo la franja horaria para positivos de covid). 

Por lo tanto, ¿sería pertinente derogar el decreto de suspensión y evitar que el TSJC decida? ¿Alguien cree que los partidos unionistas saldrán entonces a decir que la gestión es catastrófica, la situación es terrorífica, y que no se puede votar sin contagiarse? Opino que no, porque desmovilizarían a su electorado, y parece que ellos tienen estrategas electorales.

Germà Bel es economista