El sector de la discapacidad y el nuevo gobierno
La formación de un nuevo Gobierno y haber dejado atrás la situación de interinidad es sin duda una buena noticia para la sociedad, y como tal la valoramos desde el Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (COCARMI) , que representa aproximadamente un 10% de la población catalana.
Ahora bien, lamentamos que en los acuerdos de investidura no se haya visibilizado al colectivo de las personas con discapacidad y sus necesidades ni se haya plasmado el compromiso, por parte de las diferentes formaciones políticas, de garantizar el ejercicio y el respeto de sus derechos.
Hace muchos años que las entidades de defensa y atención al colectivo recordamos sus necesidades y denunciamos su discriminación y las situaciones que le abocan a la vulnerabilidad; al mismo tiempo hacemos propuestas y recomendaciones de mejora a los partidos políticos y administraciones y nos hemos ofrecido a trabajar conjuntamente en aspectos claves como el código de accesibilidad, el acceso a la justicia, la inclusión en la comunidad y tantos otros con los que avanzar en el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. De todo ello, ninguna mención ni acuerdo específico.
Así pues, y profundizando en las demandas que en su momento hicimos de cara a las elecciones al Parlament del 12 de mayo, reclamamos una apuesta de país por el cumplimiento de la legislación sobre inserción laboral del colectivo, la accesibilidad , el despliegue de la educación inclusiva en todas las etapas formativas, un modelo de transporte adaptado, eficiente y armonizado en todo el país, reconocer la especificidad de las diferentes discapacidades que lo soliciten, avanzar en la actualización de la cartera de servicios y subvenciones y en la desaparición de las listas de espera.
Como prioridades del sector, y que el nuevo Gobierno debería incluir en los primeros puntos de su actuación, pedimos avanzar en la revisión de la cartera de servicios sociales con la colaboración del sector, flexibilizando los soportes, revisando el copago y incorporando recursos clave como el ocio inclusivo, el respiro o la conciliación familiar, entre otros. Unos servicios que deben estar alineados, como el resto de actuaciones, con la Convención.
Pedimos también desplegar un modelo de educación inclusiva que vele por los derechos de todos los niños y niñas con discapacidad y sus familias en todas las etapas educativas, especialmente en la primera infancia (0-3 años), así como en la formación profesional y postobligatoria.
Es igualmente prioritario trabajar para la desaparición de las listas de espera, tanto en lo que se refiere a la valoración y revisión de los grados de discapacidad y dependencia como a las asignaciones de plazas en servicios y prestaciones ortoprotéticas.
Asimismo, es necesario aplicar el Decreto 209/2023, que aprueba el Código de Accesibilidad de Cataluña, que desarrolla la Ley 13/2014 de Accesibilidad. Debe garantizarse la autonomía, la igualdad de oportunidades y no la discriminación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos del día a día. Y es necesario que la Generalitat destine un presupuesto que garantice la accesibilidad de su acción y servicios (Salud, Justicia, Interior…).
El despliegue del Pacto Nacional de Salud Mental, del Pacto Nacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la Agencia Integrada Social y Sanitaria, así como la aprobación del anteproyecto de ley de actualización, incorporación y modificación de determinados artículos del Código Civil de Catalunya son otras acciones que el sector catalán de la discapacidad considera prioritarias de cara a la nueva legislatura derivada de los recientes acuerdos políticos para formar el nuevo Govern en Catalunya.
Es necesario, además, impulsar un plan para garantizar el derecho a vivir de forma independiente ya ser incluido en la comunidad y reducir al máximo los ingresos en residencias, como contempla la Convención y que reconoce que las personas con discapacidad deben poder elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con el resto de la población.
Por último, pedimos mejorar las condiciones laborales de los profesionales que trabajan en el tercer sector, equiparando sus condiciones a los profesionales de la sanidad ya la gestión pública, por las mismas tareas.
