¿Singular?
Dentro de este mes de junio el PSC y ERC tienen que presentar una propuesta de financiación de la Generalitat que concrete lo que pactaron en el punto segundo del acuerdo de investidura de Salvador Illa, titulado "Acuerdo por un nuevo modelo de financiación singular". Esta concreción puede adoptar dos formas alternativas: subrayar la singularidad o constituir una reforma general de la financiación de las CCAA de régimen común.
Una buena forma de captar la diferencia es revisar dos conferencias que han tenido lugar muy recientemente. La primera, a cargo del ex conseller de Economía de la Generalitat Antoni Castells, tuvo lugar el pasado 15 de mayo en Barcelona; la segunda, cuatro días después, en Madrid, a cargo de Jesús Fernández Villaverde, un reputado académico que se está erigiendo en uno de los ideólogos más notables de la derecha española contemporánea.
La de Castells dura 46 minutos, que el autor ocupa leyendo un texto elegantemente escrito, ponderado y elocuente. La exposición parte de la constatación de que los precedentes del proceso que ahora está a punto de empezar son desalentadores, ya que todas las reformas de la financiación autonómica de régimen común han sido lideradas por Catalunya; han desatado automáticamente un alud de críticas furibundas por parte del nacionalismo español con dos argumentos espurios: que España se rompe y que Catalunya es insolidaria; han dado lugar a una tortuosa negociación en la que la propuesta ha sido aguada y han acabado dando lugar a un acuerdo que ha sido aceptado por el resto de CCAA en la medida en que también las beneficiaba. Inevitablemente, el proceso ha terminado generando sentimientos anticatalanes allí y frustración aquí.
La tesis de Castells es que en España existe una asimetría en los sentimientos populares hacia la autonomía que ha dado lugar a un conflicto singular, que exige una respuesta singular, y que solo esta singularidad puede restablecer la estabilidad institucional, exactamente como en Quebec o en Escocia. En consecuencia, Castells aboga por la unidad de todas las fuerzas catalanistas –con explícita invocación a Junts– para imponer al Estado un modelo exclusivo.
Por su parte, la exposición de Villaverde sigue a la publicación de un libro significativamente titulado La factura del cupo catalán. Privilegios territoriales frente a ciudadanía, que ha escrito conjuntamente con Francisco de la Torre, inspector de hacienda y ex diputado de Ciudadanos, y es muy diferente a la de Castells. Para empezar, dura exactamente la mitad de tiempo, que aprovecha admirablemente bien para dejar claro que su posición está sólidamente asentada en datos objetivos y para expresarla de forma transparente y sin miedo a levantar ampollas: "Bilbao nos roba", "las élites catalanas están intentando construir un protoestado y quieren que lo paguen los demás", etc. El lenguaje es directo y el mensaje está claro: los vascos tienen un privilegio, y lo que los catalanes quieren es compartirlo en perjuicio del resto de los españoles.
El enfoque de Castells tiene tres problemas. El primero, que la unidad de las fuerzas catalanistas en torno al acuerdo PSC-ERC es una quimera, como dejó claro la entrevista que TV3 hizo a Carles Puigdemont el pasado diciembre (a partir del minuto 26). El segundo, que la asimetría debe manifestarse en el número de competencias, no en la financiación de unas mismas competencias. El tercero, que no se trata de convencer al gobierno del Estado (o sea PSOE y Sumar), sino que la reforma, para salir adelante, debe ser votada favorablemente, entre otros, por Compromís, por el BNG, por Podemos y, si fuera posible, por Coalición Canaria. ¿Es razonable pensar que estos partidos votarán a favor de una propuesta singular para Catalunya? No, sobre todo si recordamos que Valencia tiene fundada conciencia de ser la comunidad peor financiada.
Mal que nos pese, la propuesta solo podrá salir adelante si cumple dos condiciones. La primera, que forme parte de una reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común. De hecho, la propuesta inicial, elaborada por el gobierno Aragonès, ya dejaba claro que era extensible al resto de comunidades autónomas que quisieran adoptarla. La segunda, que la propuesta se fundamente en el principio de ordinalidad: ninguna comunidad puede estar peor financiada que otra que haya hecho un esfuerzo fiscal inferior. Es un principio reivindicado por los expertos, fácilmente entendedor por el ciudadano de a pie, su aplicación sería extraordinariamente favorable para Catalunya y crea aliados automáticamente (empezando por Valencia y Baleares).
Que las dos alternativas son incompatibles lo pone de manifiesto el hecho de que, pese a que el principio de ordinalidad es uno de los elementos clave del acuerdo PSC-ERC, Castells no se refirió ni una sola vez a él a lo largo de su exposición. Veremos por qué enfoque se decantan nuestros representantes.
