Está de plena actualidad lo que Lope de Vega definió como el perro del hortelano, ese can envidioso que ni mordisquea ni deja mordisquear el hueso. Claramente, es una simplificación aplicarlo a una situación política mucho más compleja, pero muy a menudo la forma de entender es reducir los pensamientos casi al absurdo. Vayamos por partes.
Si como decía Jean Monnet “Europa se hará en las crisis y será la suma de las soluciones que se den”, pues España va camino de intentar cambiar la estructura territorial a cada impulso de un resultado electoral. Al haber desaparecido las mayorías absolutas, Sánchez sabe que sus aliados son lo que llaman los periféricos, cuyo apoyo pasa por resolver la financiación.
El reciente abrazo de Pedro Sánchez al federalismo, que defendió ayer en un comité federal del PSOE previo al Congreso, intenta un rearme ideológico y un desarme del PP que, con los socialistas Lambán y Page, se abrazan fuerte al palo de la bandera. Obviamente, la española.
Federalismo
Que la España de las autonomías se convierta en un estado federal parece hoy una transformación quimérica, pero el movimiento de Sánchez es relevante. La semilla de la división está hoy plantada en las autonomías del PP, castigadas por un modelo de financiación obsoleto, opaco e insuficiente.
El sistema de financiación aprobado en 2009 debería haberse revisado en 2014, y se mantiene sin reformar quince años después a pesar de haber cambiado sustancialmente debido al control de la deuda y del gasto por parte del Estado.
En nombre de la unidad nacional, Feijóo, que conoce los inconvenientes de la financiación como expresidente autonómico, deberá esforzarse en convencer a los presidentes de Valencia, Murcia o las Islas para que renuncien a pactar mejoras con el gobierno central.
Isabel Díaz Ayuso, con ambiciones de sustituir a Feijóo, siempre ha considerado que Madrid “es España dentro de España ” para preservar los privilegios de la capitalidad que le permiten a ella reducir impuestos, incrementar ingresos y externalizar gastos de infraestructuras en el Estado.
Pero la posición de Valencia, Mallorca o Murcia no es la misma. Feijóo sabe de primera mano que gran parte del problema de la financiación es la responsabilidad de satisfacer los servicios públicos de los ciudadanos sin controlar –y a veces ni saber si se obtendrán– los ingresos que deben hacerlo posible.
Un estado sobredimensionado
España es especialista en violentar el principio de subsidiariedad que dice que la mejor gestión es la que está cerca. El resultado es que el ciudadano se queja a su administración más cercana y su administración a un estado que está sobredimensionado frente a las responsabilidades que tiene hoy.
El resultado de la cadena es un fracaso de la gestión, la insatisfacción de los ciudadanos que pagan los impuestos y una desconexión entre responsabilidades y recursos.
Dijo Einstein que “es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio”, y a la desintegración de los prejuicios es a lo que será necesario que se aplique el PSOE para sacar adelante la reforma del sistema de financiación, que solo se puede obtener inyectando más dinero en el sistema, con cesión de soberanía del Estado y honrando el cumplimiento de los pactos.
Negociación catalana
En Catalunya, lo que se acordó entre los socialistas y ERC es una financiación singular que implique el control de las bases fiscales recaudando los impuestos y el establecimiento de una cuota de solidaridad y de un pago por los servicios del Estado.
De momento, solo es un anuncio sin concreción, pero ha puesto a vascos y navarros en alerta para mantener sus privilegios y su nula solidaridad, y el PP en un dilema entre los intereses de las autonomías y los de la dirección estatal. Ahora llegará una ola de derechas identificándose con la españolidad que habrá que ver cómo acaba resistiendo el PSOE.
Mientras tanto, la negociación catalana está aparentemente detenida. El gobierno del PSC estará sometido a las presiones de un PSOE más cercano que nunca. ERC no estará en condiciones efectivas de negociar y apretar al president de la Generalitat, Salvador Illa, hasta que aclare su liderazgo y la línea estratégica. Junts tampoco está mejor. Hasta que a Carles Puigdemont no se le aplique en justicia la amnistía a la que tiene derecho será difícil un debate interno de la formación. De momento, en el Senado solo mostró a un portavoz con mayor tendencia a la ocurrencia del calimocho para todos que al debate serio sobre el sistema que en la práctica condiciona cualquier euro de gasto en Catalunya.
La sociedad catalana merece un concierto que la ayude a hacer frente a las necesidades, y también merece el reconocimiento de décadas de una solidaridad abusiva que no ha sido reconocida ni siquiera formalmente.
La negociación será compleja, larga y debe realizarse al margen de la reforma de España. Una mayoría social clara en Catalunya quiere un sistema de financiación suficiente y propio y un grado de soberanía creciente o completo. Si esto transforma a España en un estado federal es otra cuestión que hoy parece, como mínimo, borrosa.
