Soñé durante dos años con el día que volvería a Maiquetía, donde está el principal aeropuerto internacional de Venezuela. Pasé aquellos años prácticamente en el exilio. Como muchos otros venezolanos que viven en el extranjero, dejé de visitar mi país cuando el presidente Nicolás Maduro intensificó su represión contra los críticos y los defensores de los derechos humanos, como yo misma, después de que llegara a la presidencia de manera fraudulenta en las elecciones del 2024.
Hace poco pusieron en libertad a varios defensores de los derechos humanos, así que sentí que podía arriesgarme a volver a casa y ver a mi familia. Esperaba una visita tranquila.
Los dos terremotos se registraron tan solo unos días después de mi llegada. Sostuve la mano de mi madre durante lo que me pareció una eternidad mientras el suelo temblaba violentamente bajo nuestros pies. Cuando salimos, nos encontramos un mundo transformado, de edificios derrumbados, líneas telefónicas cortadas y seres queridos desaparecidos. Es difícil asimilar la magnitud de la tragedia que vivimos.
Pero en los días que han pasado desde entonces, una cosa ha quedado clara: los terremotos han revelado el precio que se ha pagado por años de corrupción, desmantelamiento institucional y abandono de los ciudadanos venezolanos por parte del estado. Esta crisis es a la vez la tragedia de un régimen autoritario y una tragedia de la naturaleza. El desastre natural de Venezuela era inevitable, pero la devastación que ha dejado a su paso no lo era.
Estos terremotos, los más mortíferos que han afectado a Venezuela en décadas, han causado la muerte de al menos 3.500 personas, han dejado miles de heridos y han sumado una nueva ola de devastación a un país que ya se tambaleaba bajo una prolongada crisis económica y humanitaria. A finales de 2025, las Naciones Unidas y las organizaciones independientes de la sociedad civil estimaban que más de 7,9 millones de personas se enfrentaban a una escasez crítica de alimentos, agua y atención sanitaria.
Casi ocho millones de venezolanos, entre ellos médicos, enfermeros y otros trabajadores esenciales, han salido del país en los últimos años. El prolongado colapso de los servicios públicos –agua corriente esporádica, apagones periódicos y hospitales en ruinas y mal provistos, por nombrar algunos– dejó a los venezolanos totalmente desprotegidos cuando se produjeron los terremotos. Lo mismo ocurrió con los años de ataques del gobierno contra la sociedad civil, que acabaron con las organizaciones sin ánimo de lucro y las redes de rescate civiles que podrían haber ayudado en la respuesta.
Mi primer instinto, cuando terminaron las sacudidas, fue buscar información, algo que no es nada fácil en Venezuela, donde el estado hace mucho tiempo que restringe el acceso a diversos medios de comunicación independientes, tanto venezolanos como internacionales. Pero ahora que el gobierno ha permitido temporalmente el acceso a X, los venezolanos se han movilizado para documentar qué está pasando y compartir la realidad de la crisis desde los estados más afectados.
Lo que han revelado estas publicaciones es que, en los preciosos minutos y horas después de los terremotos, el estado ha vuelto a estar ausente. A pesar de que el gobierno venezolano insiste en que está haciendo todo lo posible, ha compartido muy poca información y ha desplegado las fuerzas armadas de una manera que a menudo ha resultado caótica, insuficiente y, en algunos casos, un obstáculo para otras tareas de ayuda. Las organizaciones locales de derechos humanos han advertido del riesgo de que se produzcan abusos si la respuesta se deja en manos de los militares. Ciudadanos corrientes y valientes periodistas locales y extranjeros están grabando voluntarios que buscan desesperadamente supervivientes entre los escombros, equipos de rescate que trabajan sin el equipamiento adecuado y familiares que intentan salvar a sus seres queridos con sus propias manos.
La respuesta de Washington ante la catástrofe también evidencia los límites del compromiso del gobierno de Donald Trump con lo que el presidente ha sugerido que podría ser “el estado número 51 de los Estados Unidos”. La semana pasada se cumplían seis meses de la captura de Maduro por los Estados Unidos el 3 de enero y la posterior toma de posesión de la presidenta Delcy Rodríguez. Pero el llamado “plan de estabilización” del gobierno de Trump para Venezuela, que trazaba la recuperación económica y política del país después de años de dictadura, ya parecía poco probable que se materializara completamente incluso antes de los terremotos.
A pesar de que la producción petrolera de Venezuela ha aumentado después de la destitución de Maduro, el gobierno de Trump ha creado una cuenta de custodia muy inusual para controlar los ingresos, que primero pasaban por una cuenta en Qatar y ahora por el Tesoro de los Estados Unidos. Venezuela exportó casi 100 millones de barriles de petróleo, por un valor estimado de 8.000 millones de dólares, los primeros cuatro meses del año, pero no está claro cuántos de estos dineros han llegado al pueblo venezolano.
Después de los terremotos, el gobierno estadounidense ha prometido unos 300 millones de dólares para tareas de socorro y ha enviado un equipo de emergencia y dos equipos de búsqueda y rescate. Esto dista mucho de los 632,2 millones de dólares que las Naciones Unidas estimaron que Venezuela necesitaba en ayuda humanitaria para 2026, incluso antes del desastre, 470 millones de dólares de los cuales aún no se han cubierto. Ahora las necesidades del país serán muchas más.
Ante todas estas carencias y disfunciones, el pueblo de Venezuela ha demostrado una solidaridad y una resiliencia enormes.
Pero el apoyo mutuo de los venezolanos –por impresionante que sea– no es suficiente para reconstruir el país.
Venezuela ahora necesita reabastecer los equipos médicos y de rescate de emergencia, conseguir más maquinaria para retirar los escombros, encontrar comida y refugio para las decenas de miles de personas que podrían haber perdido su casa o que han resultado desplazadas, crear sistemas de protección para los niños no acompañados que han sobrevivido a los terremotos y elaborar un plan.
Esta crisis ha puesto de manifiesto un poco más que la fragilidad de la infraestructura del país, tan dejada de lado. ¿Cómo puede Venezuela trazar un camino hacia la recuperación cuando la confianza de la gente en el gobierno es tan baja? ¿Cómo pueden los venezolanos sentirse protegidos por un gobierno de los Estados Unidos que no responde a las preguntas sobre dónde ha ido a parar el dinero? ¿Cómo pueden esperar los venezolanos ayuda de un régimen que los ha reprimido y abandonado? Estas preguntas exigen respuestas, y los venezolanos se las merecen ahora, no mañana.
