Violencia en las prisiones

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La cárcel de Mas de Enric en una imagen de archivo.

El fatídico y terrible asesinato de nuestra compañera Núria fue el catalizador de un supuesto malestar de los trabajadores penitenciarios, y una profundización en el discurso alarmista y reaccionario que practican sistemáticamente algunos sindicatos y grupos de presión. 40 días después de esta inaudita tragedia terminamos, en caliente, con un gobierno en funciones, un nuevo acuerdo laboral que llevaba 15 años prorrogado por la incapacidad negociadora de ambas partes.

Sorprende que la administración, en un contexto de debilidad, haya entrado en la lógica negociadora bajo el estereotipo y la estigmatización de la población reclusa aceptando como norma la falacia de un ambiente penitenciario infernal.

Hace 40 años que asumimos las competencias en materia penitenciaria. Tengamos memoria. Hemos pasado por motines, secuestros, autolesiones colectivas, huelgas de hambre, brazos caídos, terrorismo, el sida, bandas latinas y del Este... hasta la situación actual.

El perfil de los presos cambia por décadas. En cada momento presentan características específicas distintas como reflejo de la sociedad. Esta evolución de la población interna no es singular y exclusiva de Cataluña, sino similar en toda Europa occidental. ¿Quiénes, sino nosotros los penitenciarios, somos los profesionales expertos en adaptarnos?

Las prisiones han avanzado de la tradición conductista hacia nuevos paradigmas como el cognitivo/conductual, con el despliegue de nuevos equipamientos, una arquitectura y diseño de seguridad avanzados, de mejora del confort ambiental, del modelado y aprendizaje vicario, dentro de una lógica residencial cívica, pedagógica y de cimientos democráticos que actualmente se encuentra en retroceso por el predominio del discurso de la seguridad.

Disponemos de un conjunto de trabajadores de servicio interior experimentados y con oficio. En la invisibilidad que nos caracteriza, su “know-how” evita y previene numerosos conflictos interpersonales complejos y difíciles de gestionar entre personas obligadas a convivir.

En el ámbito de tratamiento se han desarrollado programas de intervención, de evaluación motivacional, de exploración diagnóstica y del riesgo, que nos avalan desde el mundo profesional y académico. A la vista se encuentran las constantes mejoras en los indicadores de reincidencia, máximo objetivo de la organización.

Hemos elaborado protocolos de seguridad y prevención, así como guías de buenas prácticas (GAPS), homologables en otros sistemas de seguridad y riesgo. Antepongamos el teórico principio prioritario de preservar nuestra seguridad personal en cada actuación. En las ocasiones que no lo practiquemos, se derivan consecuencias lamentables.

Contamos con el apoyo de los Departamentos de Salud y Educación, de la empresa de inserción laboral CIRE, así como numerosos servicios con entidades especializadas del 3r sector.

Sin contabilizar estos soportes complementarios, sólo en personal estrictamente penitenciario disponemos de uno de los mejores ratios profesional/internos de Europa. El reconocimiento profesional especializado se traduce mediante un nivel retributivo de banda alta en relación con el conjunto de trabajadores de la Generalitat, por no hablar de las condiciones laborales y horarias.

La media de edad de los presos se ha incrementado de los 37 años a más de 39 en una década. La masificación de otros tiempos ha desaparecido al dotarnos de más plazas y disminuir a la población internada en 2.500 presos en 15 años. Ambos aspectos, edad y desmasificación, deberían favorecer la pacificación del clima ambiental.

Las políticas incrementalistas insaciables –de personal y recursos– apaciguan los ánimos temporalmente, pero ni se han mostrado efectivas, ni han resuelto el supuesto malestar permanente.

Con todo este bagaje –inimaginable en otras administraciones penitenciarias de nuestro entorno– parece que no lo logramos. Observamos indicadores desorbitados de violencia sistémica (agresiones, lesiones e inmovilizaciones mecánicas).

También sabemos que una agresión fría, directa y repentina de un preso a un trabajador es excepcional. En general, las situaciones violentas en las que resultan lesionados trabajadores penitenciarios las ves a venir. Responden al fracaso en la actuación profesional de gestiones de crisis o del control de estados emocionales graves. Cuando un profesional es agredido o lesionado, su responsable debería preguntarse en qué hemos fallado o qué protocolo debemos corregir, en vez de indignarnos como simples espectadores/víctimas pasivos.

En mi carrera profesional he tenido la oportunidad de analizar y evaluar transversalmente los antecedentes y las consecuencias de muchos incidentes, últimamente de las inmovilizaciones mecánicas –demasiado utilizadas, y de forma extremadamente injustificada, en nuestro sistema–, así como formular propuestas de corrección y prevención, identificando un inmenso margen de mejora. Si aceptamos la supervisión crítica de los antecedentes que provocan estas situaciones y de la aplicación de los protocolos/guías de buenas prácticas, iremos por el buen camino.

No hemos realizado una transición planificada en el plan de la modernización organizativa de las estructuras de mando, de la formación continuada, la carrera profesional y directiva, o la supervisión efectiva y comprometida, especialmente entre los gestores de los servicios centrales, los directivos y los cuadros intermedios. Se ha eludido el rigor y la exigencia profesional en beneficio de la paz social.

Se ha evidenciado que no hay sintonía ni sincronía con la visión y los valores, con la cultura de trabajo. Los manuales indican que las organizaciones deben reducir el margen entre lo que se pretende hacer, lo que se dice que se hace y lo que realmente ocurre. Si el margen es ancho, domina el caos, la indefensión y el descontento, si el margen es estrecho nos aproximamos a la excelencia.

Para reducir la violencia en las cárceles necesitamos autoridad, análisis técnico, reflexión autocrítica y bioética. En definitiva, urge invertir la ecuación. El problema no son los presos, se trata de un problema de gobernanza estructural y organizativo.

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