La vivienda también es un derecho
Como ocurre con los teléfonos móviles, a veces hay que constatar lo obvio: el teléfono, además de para ver películas y series o para tomar fotos, también sirve para hablar. Pues ha llegado el momento de hacerlo también con la vivienda, cuando parece haberse perdido la perspectiva en cuanto a su función. No debe olvidarse que, además de mercancía, tal y como lo utilizan aquellos que buscan rendimientos muy altos en el más breve período de tiempo posible, también es un derecho que, de una u otra forma, las administraciones deben vigilar y proteger. Lo recoge la Constitución española en el artículo 47: "Todos los españoles tienen derecho a gozar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias y deben establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, y deben regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación".
La evolución del mercado en Cataluña y, en especial, en la demarcación de Barcelona en octubre es un verdadero toque de atención que no va por el camino que marca la carta magna. Se venden tantos o más pisos que en el momento álgido de la burbuja inmobiliaria, aunque el contexto es diferente: se inflan los precios, pero la deuda no se encuentra en una situación explosiva como hace 17 años. La demanda supera de largo la oferta, pero no todo es a través de hipotecas, que no han llegado a su récord, sino que hay mucho dinero que busca en el sector del ladrillo una rentabilidad que percibe como más segura que en otros activos. El problema es que en la situación actual la característica de la vivienda como derecho se va difuminando en favor de la de activo o bien sujeta exclusivamente a la ley de la oferta y la demanda. Hacen falta iniciativas públicas para que la oferta sea más equilibrada. Se ha empezado, pero hay que ir más rápido para evitar la exclusión de miles de ciudadanos.
En este país se suele dar por resueltos los problemas una vez legislado, pero el hecho es que no basta con llenar tomos de normas, sino que hay que vigilar que éstas se cumplan: si no, se convierten en papel mojado. Parece que es lo que está pasando con el boom del coliving irregular en Barcelona para evitar cumplir la norma que dice que el 30% de una gran rehabilitación debe destinarse a vivienda protegida. De cada piso se trata de sacar el máximo de zumo. Al fin y al cabo, si no se pone freno, supone aplicar la fórmula de vender cada trozo (y, a ser posible, lo más pequeño posible) por el precio del látigo entero.
Y el resultado es que la potencial oferta de alquiler estable escapa hacia otras fórmulas más rentables, como los arrendamientos turísticos o de temporada o el alquiler de habitaciones. Y quienes buscan una vivienda –aquellas que tienen el poder adquisitivo suficiente para poder hacerlo– optan por la compra porque el alquiler es muy escaso (a veces casi inexistente) y, por tanto, muy caro; mientras que en un entorno de hipotecas más baratas resulta más atractivo comprar, siempre que se disponga del 20% necesario para su entrada. Por eso, aunque existe un verdadero crecimiento de préstamos para comprar viviendas, España también es de los países donde se rechaza un mayor porcentaje de peticiones, como afirmaba un reciente informe del Banco de España.