Las medidas anunciadas el lunes 13 de enero por el presidente Sánchez son valientes, pero es necesario que sean hechos. El presidente español fue muy concreto en el diagnóstico y en las soluciones. Sánchez afirmaba que la crisis financiera redujo la actividad de la construcción en un 50%. En pleno boom inmobiliario, muchos aplaudimos el fin del ladrillo; pero sin albañiles, fontaneros, gruistas y jefes de albañilería, no haremos la vivienda asequible que ahora necesitamos. Obviamos que quien pagaría los platos rotos de aquella crisis serían los del gremio que trabajan con las manos, y no con excelso.
Durante el boom se construyó demasiado: para 400.000 nuevos hogares anuales, se edificaban 600.000 pisos, según los datos de la Moncloa. Hoy se crean 300.000 hogares anualmente, pero sólo se construyen 90.000 pisos al año. Por tanto, el Ministerio de Vivienda se compromete a que se construya sobre todo, vivienda asequible ya impulsar su industrialización con un PERTE, centralizando la actividad en Valencia. Pero no todo ocurre por la construcción, y eso también es buena noticia.
El mercado de la vivienda es uno de los más ineficientes porque, en un contexto de turismo disparado y escasez de suelo para transformar por el imperativo climático, se acentúa la brecha entre propietarios y arrendatarios. Ayudará a resolverlo, por tanto, la creación de un sistema de garantías públicas que protejan tanto a los propietarios que se encuentren en situación de impago como a los inquilinos que puntualmente pasen por una mala racha. El Tercer Sector apunta más alto y propone que estas ayudas se restrinjan a aquellos propietarios de viviendas que alquilen por debajo del 20% del índice de precios de referencia. Ésta es una medida de corresponsabilidad; todo el mundo puede contribuir a enfriar el actual polvorín de la vivienda y nada impide que los propietarios conscientes y comprometidos contribuyan a movilizar viviendas vacías ya fiarse de los datos que generan las fianzas del Incasòl (el índice de precios de referencia). Es que sin ellos no saldremos adelante.
¿Qué depende del Congreso de los Diputados, y cómo se pueden seducir a otros partidos? Se propone la exención fiscal del 100% del IRPF para los propietarios que alquilen según el índice de precios de referencia, estén o no en zonas tensionadas. Ésta es una medida a la que la derecha podría apoyar sin grandes estirabots; hay un ahorro para los propietarios, ya cambio las ciudades movilizan pisos vacíos. Es una medida estrictamente de mercado, una bajada de impuestos en toda regla, pero que ahorra al sector público tener que depender exclusivamente de la ampliación del parque público. También se propone una reforma fiscal para que los pisos turísticos tributen como actividad económica; parece evidente y el sector hotelero también lo aplaudirá. El crecimiento económico del país es un buen dato, y precisamente por esta cuestión, estamos en un momento óptimo para redistribuir mejor sus ingresos.
El drama de la vivienda en España es la fuga silenciosa y constante de disminución del patrimonio público y del legado que nos han dejado las generaciones anteriores. Por eso creo relevante que se grave con el 100% del valor del inmueble la compra de viviendas por parte de los extranjeros de fuera de la UE con altos poderes adquisitivos. La medida no restringe la compra, pero obliga a los nuevos residentes a contribuir a pagar los servicios públicos de los que disfrutarán en torno a su casa, conquistados con el esfuerzo de generaciones anteriores a través de impuestos.
¿Habrá más dinero para hacer vivienda? Habrá préstamos de la banca pública por valor de 4.000 millones. Esto es fundamental, porque la vivienda asequible tiene capacidad de retorno de los préstamos con los ingresos de los alquileres a los 30 o 35 años. Esto es un hito mayúsculo: precisamente el trauma de los años del boom cerró el grifo de la financiación, y ahora se vuelve a abrir para que las promotoras sociales hagan vivienda de alquiler. Los 4.000 millones son equivalentes a todos los préstamos otorgados en los últimos 35 años, poca broma.
Por fin parece que la Empresa Estatal de Vivienda (SEPES) podrá disponer de más de 30.000 viviendas de Sareb, la mayoría vacías desde 2012. Yo añadiría que se podrían traspasar a las comunidades autónomas, y que como desde el sector público no se podrá gestionar todo el parque público, convendrá concertar su gestión en el Tercer Sector y las cooperativas.
La crisis del coronavirus parecía un abismo y, en cambio, se resolvió con una admirable coordinación del sector público y privado. Si, además de las medidas anunciadas, desde Europa se aportaran recursos para fomentar todos estos programas, podría haber una estabilidad de las políticas públicas que permitiera acercar la vivienda a su valor de uso en la próxima década. Miro la generación de mis hijas con esperanza, ojalá podamos dejarles unas ciudades algo menos salvajes.
