Vox y PP, política del absurdo en Baleares

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Manuela Cañadas, en el centro, junto a sus compañeras de partido Idoia Ribas (izquierda) y Maria José Verdú (derecha).

Apenas dos meses después de haber cerrado (en falso) una crisis política e institucional, Vox causa una segunda en Baleares. O reabre la primera, si queremos decirlo más exactamente. Los propios portavoces parlamentarios que en la otra ocasión se permitieron expulsar sin éxito a sus compañeros de grupo, ahora han dimitido de sus cargos después de haber creado una asociación paralela al partido, que, cosas nunca vistas, se llama Avanza en Libertad. En pocas horas, los dos dimisionarios fueron sustituidos por otros dos “soldados” (a ellos les gusta esta terminología) de la formación, que desde entonces se esfuerzan por hacer ver que aquí no ha pasado nada: “Somos un grupo compacto”, afirman. En ambas ocasiones se ha hecho ver que se acababa la bronca a toque de silbato de Santiago Abascal: para todos los partidos de obediencia madrileña lo que se dice en la sede central es definitivo, pero para Vox, además , es sagrado, porque por algo son herederos declarados del nacionalcatolicismo.

La cuestión, como decíamos, es que los movimientos 'budlares' de Vox tienen una repercusión directa en la gobernabilidad de Baleares, porque el PP gobierna con el apoyo de Vox, si entendemos la palabra soporte como sinónimo de tutela. Vox votó la investidura de Marga Prohens a cambio de hacer firmar en el PP un acuerdo de 110 puntos que recogían punto por punto todo el programa de la extrema derecha, y luego votó también los presupuestos de Prohens a cambio de más exigencias. Muchas de ellas tienen que ver con medidas contra la lengua catalana, entre ellas la segregación por lengua de los alumnos de la enseñanza pública, que ahora algunos patriotas catalanes abrazan también con entusiasmo por salvar el catalán.

Por otra parte, la deriva iliberal que han tomado las instituciones de Baleares en menos de un año no se explica sólo, ni mucho menos, por las imposiciones de Vox. Buena parte de esta carrera hacia la nada, si no toda, la hace el PP por convicción, y el hecho de tener a Vox como socio le sirve como justificación, con el aliciente de tener un socio al que puede conllevar la responsabilidad de las decisiones más polémicas. Vox sirve de excusa a un PP que muestra el plumero: Prohens y los demás dirigentes de su confianza piensan que harán más puntos frente a la cúpula del partido en Madrid (otra vez) cuanto más exagerado y agresivo sea el españolismo de su gestión.

Sin embargo, Vox ha demostrado sobradamente ser un socio nada fiable, voluble e inconsistente. La gente de Vox no se toma en serio a las instituciones porque las desconoce (hace dos meses pretendían expulsar al presidente del Parlamento, a pesar de que es de sus filas) y porque, en último término, es un partido abiertamente anticonstitucional y antidemocrático: en este sentido, no tiene comparación posible con ninguna otra formación política, por mucho que insistan algunos analistas. Querer llevar adelante una legislatura de la mano de Vox es imposible, incluso para políticos con tan poca estima por el bien común como el del PP de Baleares.

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