Política 26/05/2022

Las 10 medidas de Amnistía Internacional para acabar con Pegasus

La entidad reclama una investigación independiente, la moratoria en el uso de los programas espía y reformas legales urgentes

3 min
El espionaje del programa Pegasus se hace a través de los móviles.

BarcelonaAmnistía Internacional (AI) es una de las organizaciones más activas en la lucha contra el espionaje a través de programas como Pegasus, que considera que vulneran los derechos humanos. De hecho, el software que internacionalmente se usa para detectar si un móvil está infectado por este virus desarrollado por la empresa israelí NSO salió precisamente de su centro de investigación. Ahora se ha sumado a las críticas contra el gobierno español a partir del Catalangate, y después de la comparecencia este jueves en el Congreso del presidente español, Pedro Sánchez, ha hecho público un decálogo de medidas para que la Moncloa no cierre en falso esta crisis.

  1. Poner en marcha "una investigación exhaustiva, independiente y eficaz" sobre el caso y abrir una comisión de investigación que se ponga a disposición de la que ya se ha creado en el Parlamento Europeo. El informe del Defensor del Pueblo y la investigación interna del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no son suficientes, en opinión de AI.
  2. Promover un "compromiso inequívoco" del gobierno español y la Fiscalía para colaborar con las investigaciones judiciales. Al menos sobre el papel, a esto se ha comprometido Sánchez, a pesar de que AI reclama que también haya un trabajo diplomático para conseguir que Israel y la empresa NSO también colaboren.
  3. Garantizar que haya una ley que establezca "mecanismos de rendimiento de cuentas" cuando haya violaciones de los derechos humanos a través de la vigilancia digital y sirva como garantía para las víctimas.
  4. Reformar la ley del CNI para aumentar el control judicial del organismo y de la supervisión independiente de la información que ha almacenado. También reclama que se modifique la ley de secretos oficiales –aprobada al final del franquismo– "para evitar que los abusos y violaciones de los derechos humanos puedan ampararse bajo la consideración de secretos y queden impunes".
  5. Proporcionar a las víctimas "instrumentos efectivos de defensa de sus derechos y de reparación siguiendo la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos".
  6. Suspender a escala estatal "el uso, la venta y la transferencia de estos instrumentos de vigilancia hasta que se instaure un marco regulador adecuado y respetuoso con los derechos humanos".
  7. Internacionalmente, "las autoridades españolas tienen que impulsar y apoyar a la imposición de una moratoria" sobre el uso de Pegasus y otros sistemas similares hasta que exista la regulación adecuada.
  8. Las autoridades españolas "han de revelar información sobre todos los contratos –pasados, presentes y futuros– que tengan con empresas privadas de vigilancia.
  9. "Restringir los contratos públicos de tecnología y vigilancia a empresas que se adhieran a los principios rectores de la ONU y que no hayan prestado servicios a clientes que cometan abusos".
  10. Participar activamente, por ejemplo apoyando al relator especial de la ONU, en el establecimiento de la moratoria sobre la venta y uso de Pegasus y se desarrollen las herramientas de control necesarias que identifiquen los objetivos no permitidos de la vigilancia digital.

"Los servicios de inteligencia también tienen que respetar las normas de derechos humanos", señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, que alerta que la regulación sobre los servicios secretos no es suficiente para evitar "abusos, irregularidades y descontrol". Corremos el riesgo de que actúen con total impunidad", concluye.

Para dar carpetazo a la crisis, el gobierno español se ha comprometido a colaborar con la justicia, ha hecho una investigación interna en el CNI y una del Defensor del Pueblo que no han revelado irregularidades, y se ha comprometido a modificar las leyes del CNI y de secretos oficiales. Son decisiones que ni Amnistía Internacional ni los afectados por el Catalangate consideran suficientes.

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