La activista a quien quieren expulsar 8 años por mover dos contenedores

BarcelonaDos años de prisión, que se sustituirían por ocho años de expulsión del país. Esta es la pena que la Fiscalía pide para Gina, una militante de la CUP y de Endavant de 27 años, por supuestamente haber movido dos contenedores para hacer barricadas en las protestes postsentencia. El ministerio público ha puesto sobre la mesa esta petición porque Gina, que lleva tres años viviendo en Barcelona, nació en Inglaterra y no tiene nacionalidad española, a pesar de que ha vivido toda la vida en Benidoleig (Marina Alta), adonde se mudó su familia cuando ella solo tenía 6 años.

“No me lo esperaba, como hay poca gente extranjera encausada hace que no se considere la deportación, pero es una posibilidad real”, lamenta antes de admitir: “Los dos años de prisión me habrían dado rabia, pero no el mismo miedo que siento ahora de ser expulsada porque sería el desarraigo absoluto”. Y es que casi no le queda familia en Inglaterra. También alerta de que crea un precedente peligroso: “Poner la carta de la deportación sobre la mesa hace que la gente que no tenga nacionalidad española no se movilice”. No esconde que ella podría tener más suerte que Mohammed, Ayoub y Ashraf, los jóvenes de origen marroquí que fueron encarcelados por las protestas por la sentencia del 1-O en Lleida y deportados a Marruecos después de haber sido encerrados en el CIE, donde Gina también tendría que entrar antes de ser enviada a Inglaterra: “A ellos les expulsaron sin miramientos, yo tengo el privilegio entre comillas de ser blanca y semieuropea y hace que pueda hacer vida normal”. Ella no tiene la nacionalidad española porque, como era ciudadana de la UE hasta el Brexit, no la había necesitado. “Hasta hace nada tenía los derechos europeos. Con el Brexit estoy en el limbo. Me había planteado hacerme la nacionalidad española, pero es un proceso muy largo que hace que te rindas antes de completarlo, que es lo que buscan; pero continúo siendo residente permanente”, explica.

“Sobrevivo flotando”

A pesar de que admite que sufre más por sus padres que por ella, la activista remarca que tiene altibajos. “Me he hecho a la idea a la fuerza, no he tenido tiempo para pensar. Sobrevivo flotando”. Ahora hace dos meses se hundió cuando fue a buscar al TSJC la notificación del juicio, que será el jueves. “Aquel día declaraban Moli y Pau –dos jóvenes encausados por participar en las manifestaciones del 1-O del 2020– y había muchas personas fuera para apoyarlos, y pensé que pronto quien estará allí seré yo y mi gente y al llegar a casa me eché a llorar”.

Lo más sorprendente de su caso es que no fue ni detenida ni identificada en las protestas del 2019. “Me enteré el verano del año pasado de rebote porque fui a buscar un papel de extranjería a Alicante y la Policía Nacional me dijo que tenía problemas pendientes y que me pondrían en busca y captura. Me volví loca porque no sabía de donde venía”, expone después de denunciar que a Benidoleig, donde está empadronada, no llegó ninguna notificación. No fue hasta diciembre, cuando fue a la Ciutat de la Justícia, que le entregaron a su abogado el escrito de acusación. “El único aviso que recibí fue de la Guardia Civil, que cuatro días antes de la declaración llamó a mi madre para avisarle de cuándo tenía que ir, pero podía no haberme enterado”, lamenta. Y añade: “Llevaban dos años buscándome y no habrán pasado ni seis meses desde que sé qué piden, con el objetivo de cogerme desprevenida”. Su imputación también es, cuanto menos, extraña. “Me acusan por el testimonio de dos mossos que dicen que me conocen de la huelga general del 21-F, que fue siete meses antes, y que saben que soy yo a pesar de que en el escrito de acusación dicen que voy tapada. Es una ruleta que me haya tocado a mí”.

Desmovilizar el movimiento

Gina tiene claro que se está encausando a tanta gente para desmovilizar el movimiento independentista. “Te niegan un derecho fundamental como ir a una manifestación, porque yo por miedo solo he ido a la del 8-M y la gente que llevar tiempo encausada no se atreve a salir a la calle para parar, por ejemplo, un desahucio”. Un miedo que se traspasa. “La gente del tu alrededor también se pregunta si les puede pasar a ellos, no es la pena de prisión sino el miedo que se exporta”, critica. “No queremos mártires ni compañeros en prisión”, concluye, con el miedo de que Adrián Sas –condenado a tres años y medio– sea solo el primero de los activistas independentistas en entrar en prisión.