Los acuerdos con el Estado vuelven al nivel previo al 1-O

BarcelonaEl nivel de conflictividad institucional entre el Estado y el gobierno de Catalunya ha sido una constante desde la restauración de la Generalitat en 1980 -Catalunya ha sido protagonista en un 34,4% de los litigios en el Tribunal Constitucional-, pero el grado de acuerdos entre Madrid y Barcelona no siempre ha sido el mismo para intentar resolver estos problemas extrajudicialmente. Es decir, no siempre ha habido la misma voluntad de esquivar los tribunales. Este año, la conflictividad competencial se mantiene, pero el número de pactos entre la Generalitat y el gobierno español para intentar evitar el enfrentamiento en el Constitucional se ha vuelto a situar en los mismos umbrales que antes del referéndum del 1 de Octubre. A pesar de que esto no significa que se acaben impidiendo los recursos (el Estado o la Generalitat siempre se reservan el derecho de impugnar en un plazo de nueve meses), es un indicador de la relación entre los dos gobiernos: por un lado nos dice que el gobierno español sigue cuestionando las competencias de la Generalitat -fuentes conocedoras aseguran que “no dejan pasar ni una”-, pero a la vez que intenta esquivar el alto tribunal.

La evolución de estos pactos se puede palpar en los datos que ofrece una de las subcomisiones que cuelga de la comisión bilateral Estado-Generalitat prevista en el Estatut: la de seguimiento normativo, prevención y solución de conflictos. Durante este 2021 se han abierto doce procesos de negociación con la Generalitat, de los cuales se han derivado cinco pactos. Por ejemplo, el Estado y la Generalitat acordaron abrir negociaciones sobre varias leyes aprobadas la pasada legislatura: la de las áreas de promoción económica urbana, la de la desaparición forzada de menores en Catalunya o varias sobre vivienda. El último acuerdo al que se ha llegado, el 3 de noviembre, es sobre el decreto de la Generalitat que regula la implementación de los fondos europeos, pero todavía no se ha publicado su contenido. El simple hecho de abrir negociaciones ya se contabiliza como un acuerdo y, por eso, en 2021 se contabilizan 17.

Este año se sigue la misma tónica registrada en 2020 y en 2019. Estos datos son cifras similares a los de los años previos al referéndum del 1 de Octubre, cuando la tensión aumentó al máximo a raíz del referéndum unilateral y la aplicación del 155. El año 2012, cuando gobernaba el entonces president Artur Mas, por CiU, y estaba el PP en la Moncloa, se llegó a quince pactos que afectaban a trece leyes. En 2015 la cifra todavía fue más elevada: se pactó abrir negociaciones por casi treinta leyes. Ahora bien, esto de intentar negociar para evitar la impugnación en el Tribunal Constitucional no significa que se consiga.

De hecho, aunque en 2015 la subcomisión llegara a 31 acuerdos con el gobierno español, se acabaron llevando hasta cinco leyes al TC. Y esto también ha pasado recientemente: el ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos abrió negociaciones con la Generalitat en 2020 al considerar que la ley de acompañamiento de los presupuestos -pactada con los comuns- invadía competencias estatales. Se llegó a pactos en casi todos los aspectos de la reforma fiscal y verde menos en la medida de aumentar el mínimo exento de IRPF de las rentas más bajas, que el gobierno español acabó impugnando y que el Constitucional ha resuelto en contra de la Generalitat.

Pactos de mínimos

¿Cómo se resuelven las discrepancias en esta subcomisión? El ente ahora está presidido por la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, y la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, pero hay un grupo de trabajo casi permanente formado por cuatro técnicos de las dos administraciones y actúan en varios flancos. En el ámbito de la prevención, intentan evitar las controversias a través del intercambio de información entre la Generalitat y el Estado sobre las previsiones de leyes que se quieren aprobar y se exploran soluciones “extraprocesales” antes de impugnar normas aprobadas. En el ámbito de la reacción, la comisión puede acordar abrir negociaciones sobre leyes que ya se ha anunciado que se llevarían al Constitucional, siempre que se le comunique al tribunal que se está en conversaciones. A partir de aquí, el resultado no es siempre el mismo. A veces se llega al compromiso de modificar la norma por parte de la Generalitat o del Estado -la impugnación puede ir en las dos direcciones- y otras se llega a acuerdos interpretativos. Es decir, sin cambiar los textos, Estado y Generalitat acuerdan interpretar la norma de una determinada manera para no fastidiarse.

Suspensión de la negociación

Cuando hablamos del nivel de acuerdos en la subcomisión de seguimiento normativo, prevención y solución de conflictos nos referimos a la voluntad que expresan las partes de negociar antes de encontrarse en los tribunales. Los datos que publicita esta subcomisión demuestran cómo partir del año 2017 la predisposición del gobierno español liderado por el PP a hablar con el gobierno catalán se redujo a mínimos. Fuentes jurídicas presentes en aquella época aseguran que a partir de agosto el gobierno español decidió dejar de abrir negociaciones con la Generalitat. “Se suspendieron”, afirman. También se constata en los datos sobre los litigios presentados en el TC por parte del Estado: se dispararon hasta trece ese año.

La situación se agravó durante la suspensión de la autonomía por el 155. En ese momento la Generalitat pierde la condición de sujeto en los tribunales y deja de poder defenderse. El gobierno del Estado asume su representación. De hecho, por este motivo, la Generalitat no pudo hacer nada en el litigio para retener las obras de Sixena y el TC acabó suspendiendo una quincena de recursos a la espera de que el gobierno catalán recuperara la voz a partir de junio de 2018 con el levantamiento del 155.

Con el nuevo Govern presidido por Quim Torra y ya con Pedro Sánchez en la Moncloa, se reunió la comisión bilateral Estado-Generalitat el 1 de agosto de 2018 después de siete años de no hacerlo y se acordó reactivar la subcomisión de conflictos. Desde entonces ha mantenido la actividad -cosa que significa que los conflictos de competencias están muy vivos-, pero también es casi la única que llega a pactos: la comisión mixta de transferencias, por ejemplo, no se reúne desde 2010.