Alberto Casero, el fontanero del PP que ha frustrado el golpe a Sánchez
Diputado por Cáceres y mano derecha de García Egea, obtuvo su primer escaño en Extremadura con 24 años
MadridAlberto Casero (Cáceres, 1978) será recordado siempre como el diputado del PP que aprobó el nuevo marco laboral impulsado por Yolanda Díaz para modificar la reforma de Mariano Rajoy del 2012. En Trujillo, un municipio de su provincia de unos 10.000 habitantes, ya lo conocían porque fue el alcalde entre 2011 y 2019, después de haber sido diputado de la Junta de Extremadura (2003-2011). Con 24 años obtuvo su primer escaño, entre 2011 y 2015 fue senador y, durante el mismo periodo, presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Trujillo.
Desde el 2019 es diputado en el Congreso y con la llegada de Pablo Casado y Teodoro García Egea a la dirección del PP ha ganado galones en la formación: es el secretario de organización, mano derecha del secretario general y responsable de controlar todo aquello que se mueve internamente. No es un diputado cualquiera quien ha frustrado un importante golpe que el PP habría podido clavar al gobierno de coalición en plena campaña electoral en Castilla y León, sino uno de los principales dirigentes de Génova.
El PP acusa a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de haber prevaricado por no corregir un “error informático” que ya ni se creen los altavoces de la ultraderecha –vean el editorial de Federico Jiménez Losantos–. Pero quien está investigado por prevaricación continuada desde el noviembre pasado es Casero por su etapa como alcalde de Trujillo. Su sucesor, José Antonio Redondo (PSOE), envió al Tribunal de Cuentas varios contratos a empresas que prestaron servicios para el Ayuntamiento y el afectado está investigado desde el pasado noviembre. El juez indaga si no se respetaron los requisitos legales necesarios en materia de contratación pública.
Licenciado en derecho, su carrera profesional se centra en la actividad política. Perteneció a las Nuevas Generaciones, las juventudes del PP, y también contribuye con entidades como Save the Children, Aldeas Infantiles SOS y una asociación contra el cáncer. Según la declaración de bienes en el Congreso, en 2019 tenía pendiente saldar 8.665 euros de un préstamo personal de 22.000 euros y solo 385 euros a la cuenta corriente. Su crédito político también cotiza ahora a la baja.
