Política 17/06/2021

Alerta Solidària denuncia que hay otro joven acusado por los mismos hechos por los que han condenado a Vivet

La entidad se aferra a la duplicidad de las acusaciones para exigir la revocación de la sentencia y el archivamiento de la segunda causa

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Marcel Vivet entrando en  Palacio de Justicia  de Barcelona en febrero  durante el juicio.

La condena del activista Marcel Vivet a cinco años de prisión por la manifestación contra la marcha de Jusapol en Barcelona en 2018 traerá cola. Además del rechazo social y la tensión que ha generado entre la CUP y el Govern –que actuaba como acusación particular–, Alerta Solidària ha revelado este jueves que otro joven, Adrià, está acusado exactamente por los mismos hechos que Vivet, al que la Audiencia de Barcelona atribuyó los delitos de desórdenes públicos, atentado contra un agente de la autoridad y lesiones leves a un agente de los Mossos d'Esquadra. La Fiscalía pide para Adrià, vecino del barrio del Clot de Barcelona, ocho años de prisión por haber golpeado, presuntamente, al mismo policía que denunció a Vivet. La Audiencia tiene que fijar ahora fecha para su juicio.

"Los dos casos se basan en la declaración y las fotografías aportadas por los Mossos en dos investigaciones llevadas en paralelo por los mismos agentes", han denunciado los representantes de Alerta Solidària en una rueda de prensa ante la Ciutat de la Justícia, convencidos de que el objetivo es "acusar y juzgar a dos personas por los mismos hechos", sin tener "pruebas", y "aconseguir una doble condena". Que la Generalitat se haya retirado como acusación particular en la causa contra Adrià demuestra, según la organización antirepresiva, que "conocía la duplicidad de las dos investigaciones". El propio Adrià ha opinado que "la Generalitat se ha apartado de la acusación porque ha visto que los dos casos eran iguales, con dos atestados idénticos". Vivet también ha denunciado la incongruencia de la pena impuesta. "El mosso que me acusó de haberlo agredido acusó del mismo golpe a Adrià, pero el golpe no existió y lo único que quieren es arruinarnos la vida", ha dicho el militante de La Forja y Guanyem Badalona, que ha hecho un llamamiento a "seguir en la calle" hasta "ganar". "Un y mil aeropuertos, un y mil cortes en la Jonquera, un y mil Urquinaonas", ha reivindicado.

Ante estos hechos, el abogado de Vivet, Carlos Hurtado, ha reclamado "la revocación inmediata de la sentencia" de Vivet y "el archivamiento de la causa" de Adrià. També ha advertido de que emprenderán todas las acciones legales para acabar con "las prácticas mafiosas de los Mossos", que solo buscan –ha dicho– "acabar con la disidencia". En este sentido, ha denunciado que la única prueba de cargo contra el activista es la declaración del mosso de esquadra herido. "Se está dando presunción de veracidad a un testigo cuando esto no existe, en una sentencia con un grave sesgo ideológico", ha dicho el letrado. Y es que en la sentencia el tribunal admite que no hay ninguna imagen "concluyente" que acredite el golpe de Vivet a un mosso, pero concluye que la declaración del agente es "suficiente" para condenarlo. Hurtado, además, ha señalado que el agente mintió en sede judicial cuando atestiguó, puesto que dijo que el único golpe que había recibido era de Marcel. "Aquí podemos intuir como mínimo un delito de falsos testimonios", ha añadido.

La polémica llega al Parlament

La polémica que ha suscitado la condena de Vivet ha llevado a la CUP este jueves a hacer una petición de comparecencia -secundada por los comuns- del nuevo conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, y a reclamar al ejecutivo que se querelle contra los responsables del caso. En una rueda de prensa en el Parlament este jueves, el diputado Xavier Pellicer ha avisado de que el Govern "ha tocado fondo" y le ha exigido que aproveche el "punto de inflexión" para dar un "giro de 180 grados". En otras palabras: que demuestre un "cambio de talante" respecto al ejecutivo anterior, que mantuvo numerosas acusaciones contra manifestantes independentistas. Pellicer ha instado así al Govern a decidir si se pone junto a los manifestantes o bien si sigue siendo "correa de transmisión de la represión" y ha pedido la retirada del Govern de todas las causas contra manifestantes.

El departamento de Interior ha reconocido que ve una "desproporción importante" entre los hechos que considera probados la sentencia contra el activista Marcel Vivet y la condena impuesta. Así lo ha dicho el secretario general del departamento, Oriol Amorós, en declaraciones a TV3. Amorós, al que la CUP también pide explicaciones, ha dejado claro que la Generalitat revisará los criterios de personación "tal y como dice el acuerdo con la CUP". Este acuerdo fija que la Generalitat se limitará a los casos de lesiones acreditadas, si se tercia, y se centrará en el resarcimiento de la responsabilidad civil en casos de lesiones no leves. 

Antes de que se retomara el pleno, y en un gesto simbólico, ERC y JxCat -los partidos en el Govern- han firmado conjuntamente con los cuperos y los comuns una breve declaración de la junta de portavoces que considera "absolutament desproporcionada" la condena de Vivet y apoya a los más de 3.000 represaliados por motivos políticos de los últimos años. El texto, además, emplaza a la Generalitat "a retirarse como acusación particular de todas las causas abiertas por el ejercicio del derecho a la libre manifestación". Este miércoles al atardecer ya hubo una primera reunión de la junta por esta cuestión, pero no se pudo cerrar un acuerdo porque los comuns presentaron varias enmiendas al texto propuesto por los grupos independentistas. La más relevante, que finalmente no se ha incluido, pretendía condenar directamente el papel del departamento de Interior como acusación particular, que reclamó 4 años y 9 meses de prisión para el activista.

El PSC, por el contrario, se ha sumado a la declaración presentada por Cs, con el apoyo de Vox y el PP, para expresar su solidaridad con el agente de los Mossos d'Esquadra que acusa a Vivet -y también a Adrià- de agredirlo. En la misma reunión extraordinaria de la junta de portavoces, los socialistas han votado a favor del texto alternativo, que ha sido rechazado al no conseguir la mayoría y, por lo tanto, no consta como declaración oficial. El comunicado recalca que "el acatamiento de los pronunciamientos judiciales" es uno de los "pilares fundamentales" de la democracia.

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