Las amnistías de España, Francia y Portugal en las que se refleja el independentismo
La Segunda República, la Transición, la guerra de Argelia y la Revolución de los Claveles son algunos de los referentes
BarcelonaEl independentismo ya ha presentado la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados con la intención de borrar las causas judiciales que orbitan alrededor del referéndum del 1-O y de la consulta del 9-N. Ahora se iniciará un periplo que se prevé complicado porque ni siquiera tiene garantizado que la mesa de la cámara baja acepte su tramitación. Y eso que no es la primera ni la segunda vez que se oiría hablar de una cuestión similar en las Cortes españolas. ERC, JxCat, el PDECat y la CUP se reflejan en diferentes leyes de amnistía promulgadas por España, pero también por Francia y por Portugal, para presentar esta herramienta como "el punto de partida" para la resolución del conflicto político en el Estado.
La autodeterminación de Argelia y de Nueva Caledonia
El 1 de noviembre del 1954 pasó a la historia de Argelia como el Toussaint Rouge: unos setenta ataques de independentistas argelinos acabaron con la vida de diez personas. Es el punto de inicio de la guerra de independencia del país africano, que se alargó ocho años y provocó centenares de miles de muertos. Francia, el país colonizador desde el 1830, acabó reconociendo el derecho a la autodeterminación de Argelia en referéndum: el 75% de los franceses –argelinos incluidos– que participaron aceptaron en enero del 1961 que los argelinos pudieran decidir libremente su futuro. Este resultado se plasmó un año después en los acuerdos de Evian, en marzo del 1962, que tenían que poner punto final (a pesar de que no lo hicieron de manera inmediata) a una guerra sangrienta llena de secuestros, asesinatos y torturas. Uno de los artículos remarcaba precisamente que se proclamaría "inmediatamente la amnistía" para que todos los detenidos fueran liberados y también se acabaría con los campos de concentración. En julio fueron ya solo los argelinos los que votaron masivamente por la independencia (99,7%).
Pero esta no es la única amnistía declarada sobre este conflicto. En 1968 ya se perdonaron las condenas que recaían sobre los generales que se habían sublevado contra el presidente Charles de Gaulle después de los acuerdos de paz (continuaron secuestrando, torturando y asesinando a población civil reclamando una Argelia francesa). Y todavía en 1982, François Mitterrand –que había sido ministro de De Gaulle durante el conflicto– planteó una nueva ley de amnistía para devolverles sus honores militares. A pesar de su voluntad, la Asamblea Nacional Francesa, a propuesta de su propio grupo, el socialista, excluyó a cuatro de los militares golpistas de la amnistía.
Francia también decretó la amnistía en el conflicto para la autodeterminación de Nueva Caledonia a partir de los acuerdos de Matignon del 1988. Durante diez años Francia se comprometía a invertir económicamente y a permitir un desarrollo institucional de la región del Pacífico sur. También se decretaba la amnistía para las personas que habían participado en los conflictos, con un balance de más de una veintena de muertos. Y a partir del vencimiento de este periodo abría la puerta a la convocatoria de un referéndum de autodeterminación. Un 80% de los franceses que participaron se mostraron favorables. Francia y Nueva Caledonia firmaron otro acuerdo de colaboración en 1998 que aplazaba el referéndum. Desde entonces, los neocaledonianos han votado dos veces, en 2018 y en 2020 (lo volverán a hacer en 2022), y siempre se ha impuesto el no por un margen ajustado.
La Revolución de los Claveles
Portugal es otro de los ejemplos que usan los independentistas para reivindicar la amnistía. En este caso se fijan en la Revolución de los Claveles, que acabó con la dictadura e instauró la democracia en el país en 1974. La amnistía del 1996 a la que hace referencia la ley que se ha registrado este martes en el Congreso no iba dirigida directamente a los militares que se sublevaron contra el régimen de Marcelo Caetano (que se exilió a Brasil), sino, en concreto, contra un grupo que se sublevó posteriormente contra el nuevo gobierno democrático. El 1 de marzo la Asamblea de Portugal aprobó la amnistía para el teniente coronel Otelo Saraiva de Carvalho, uno de los héroes del 1974, pero que fue condenado a 18 años de prisión en 1987 por subversión militar: se lo acusaba de haber liderado entre el 1980 y el 1984 a un grupo terrorista (FP-25) que había matado a al menos 18 personas. De la amnistía se beneficiaron también el resto de militares que lo habían seguido, a pesar de que no se les perdonaron los delitos de sangre.
Segunda República y Transición
Los últimos ejemplos son los más conocidos en el Estado. La amnistía del 1936 convalidada por la diputación permanente del Congreso el 21 de febrero, dos días después del decreto firmado por el consejo de ministros, conmutó las condenas a todos los que habían participado enla Revolución del 1934, entre los cuales el president Lluís Companys y la mayor parte de su Govern. No solo se puso punto final a los 30 años de prisión que estaba cumpliendo en Cádiz, sino que, poco después, se lo restituyó como presidente de la Generalitat sin necesidad de elecciones por el medio.
En 1977 se promulgó la última ley de amnistía en el Estado. Quedaban amnistiados los condenados por rebelión y sedición, los objetores de conciencia por motivos éticos y religiosos, los delitos fruto de la persecución laboral y sindical, y también los vinculados a la libertad de expresión en los medios de comunicación. Los presos políticos tendrían que quedar libres de manera inmediata, se les borrarían los antecedentes penales y también se retirarían las causas contra los exiliados. Todo ello, reivindicaciones del antifranquismo. Pero el partido de gobierno, la UCD, que como AP integraba a una buena parte de los herederos de la dictadura, acabó introduciendo dos excepciones para hacer que la ley de amnistía se acabara convirtiendo también en la de punto final. Las autoridades, los funcionarios y los agentes de orden público quedaron amnistiados de cualquier delito que hubieran cometido en la persecución de los delitos políticos.