Aragonès cita al Estado a una mesa de trabajo para encontrar una "solución" para el aeropuerto del Prat

BarcelonaEl Govern empieza a coger velocidad una semana después de constituirse. Este martes se ha reunido por segunda vez y el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha comparecido en rueda de prensa. Uno de los primeros temas candentes que el president tiene sobre la mesa es la polémica generada sobre la conveniencia o no de ampliar el aeropuerto del Prat. ¿Él es partidario de ello? No lo ha aclarado, pero sí ha anunciado que impulsará "una mesa de trabajo institucional" para encontrar una solución de consenso. Entre los actores invitados hay uno que destaca por encima del resto: el Estado. Tanto representantes del gobierno español como del gestor aeroportuario Aena.

Aragonès también convocará en este espacio a los dos principales ayuntamientos afectados, el de Barcelona y el del Prat de Llobregat; a representantes de los dos otros aeropuertos de Aena en Catalunya, Reus y Girona, y a miembros de organizaciones y plataformas de la sociedad civil que tengan interés en la cuestión. "Se tiene que abordar la cuestión con todos los implicados", ha resuelto. El president no se moja sobre cuál tiene que ser el desenlace de la mesa, pero sí ha señalado cuál es, a su parecer, la raíz del problema: la colisión de los legítimos intereses de quienes creen que la reforma será un motor de crecimiento económico y quienes, en cambio, consideran que es innecesaria y pone en peligro el medio ambiente de la zona. "Y no solo es una cuestión binaria. No nos podemos posicionar sobre si sí o no", ha concluido.

Toda la comparecencia de Aragonès ha destilado una sensación de mano tendida hacia el gobierno español y no solo en cuanto a la cuestión del aeropuerto. Como explicó en una entrevista el domingo en el ARA, Aragonès también prevé hablar telefónicamente esta misma semana con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, con el objetivo de fijar en la agenda un encuentro presencial "cuanto antes mejor". En esta reunión le pedirá reactivar la mesa de diálogo para abordar el conflicto político catalán, pero también le llevará una carpeta llena de cuestiones sectoriales, como por ejemplo los fondos europeos y el tema del Prat.

En paralelo a esta voluntad de diálogo, el republicano intenta por ahora no abrir demasiadas polémicas, tampoco en cuanto a la reforma del delito de sedición que prepara Sánchez o la concesión de los indultos a los presos políticos. De hecho, no se ha pronunciado sobre si el presidente de su partido, Oriol Junqueras, tendría o no que estar en la mesa de diálogo -un hecho que incomoda a la Moncloa- y se ha limitado a afirmar que los integrantes de la delegación catalana los tendrá que decidir "el Govern". Incluso ha evitado polemizar con la crisis abierta entre España y Marruecos, a pesar de que este lunes las autoridades marroquíes pusieron por el medio el conflicto catalán. Aragonès no ha tirado de este hilo: "El conflicto político con el Estado lo queremos resolver con el Estado".

Presupuestos y desahucios

La de este martes ha sido la primera comparecencia ante los periodistas larga y sin límite de preguntas, y los temas a tratar han sido muchos. Una de las primeras incógnitas económicas que ha resuelto el Govern es si quiere intentar hacer presupuestos para este mismo año -actualmente están prorrogados los de 2021- o pasar directamente a elaborar los de 2022. Aragonès ha dicho que lo decidirá en los próximos días, pero que su prioridad es que haya unas cuentas en vigor "el 1 de enero de 2022". También ha señalado que la CUP será el socio prioritario a la hora de negociarlos, a pesar de que una vez terminados los números el ejecutivo confía en que otros grupos, como los comuns o el PSC, puedan votar a favor.

Con los cuperos también tiene otras cuestiones entre manos, como por ejemplo la de los desahucios. Así, el president ha anunciado la creación de un grupo de trabajo para revisar el protocolo actual de los desahucios, que ha sido fuente de problemas habitual por las críticas que genera en la formación anticapitalista. Aragonès busca con este grupo de trabajo cumplir el pacto que tiene con la CUP y obtener a cambio una cierta estabilidad parlamentaria. Ha asegurado, además, que no solo quiere revisar el protocolo en sí mismo, sino que quiere implementar medidas para evitar tanto como sea posible la pérdida de la vivienda. "El riesgo real de perder el hogar está cada vez más extendido", ha admitido. El consejo ejecutivo ha servido por otro lado para cerrar un cuestión que Aragonès ya había avanzado la semana pasada: se reducirá el sueldo un 15%. A partir de ahora el president de la Generalitat cobrará 130.250,60 euros.